Por: César Peñaranda – El Montonero

Solemos escuchar a los profesionales expertos en construcción antisísmica decir que lo fundamental para garantizar la resistencia ante los sismos es construir sobre suelo adecuado y sobre sólidos cimientos. De manera similar, para afirmar la democracia como sistema político, y la economía social de mercado como sistema económico –ambas contenidas en la Constitución peruana de 1993– tenemos que asegurar que sus cimientos sean igualmente sólidos. Y tales fundamentos son las instituciones, en particular seis de ellas: la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar, el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, la propiedad privada, los derechos de autor y la universalidad, transparencia y oportunidad de la información. De lograrse este vital objetivo, el producto resultante en términos económicos será un crecimiento alto, inclusivo y sostenible.

Respecto a la primera, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar para invertir, operar y comercializar, debe ser plena, respetando el marco jurídico y normativo vigente. Empero, es esto último lo que precisamente afecta sobremanera la libertad mencionada, en razón de las múltiples, engorrosas y absurdas leyes, normas, regulaciones, procesos administrativos, trabas y barreras burocráticas, existentes a nivel nacional, regional y local, que hacen poco menos que imposible iniciar, desarrollar e inclusive desactivar una empresa.

Es esta, además de la política tributaria y laboral, una de las principales causas de la extremadamente alta informalidad empresarial que existe en el país. Se estima que alrededor del 98% del universo empresarial está conformado por micros y pequeñas empresas, las llamadas “mypes”, de las cuales se calcula que no menos del 90% son informales; es decir, no tributan ni cumplen con los requisitos para operar como formales. Esto se agrava aún más por la baja productividad de estas unidades empresariales, dado el inadecuado nivel de educación y entrenamiento de los trabajadores, y su escasa capitalización, mostrada a través de tecnologías obsoletas o inapropiadas y limitado o desactualizado equipamiento.

Es evidente que esta situación tiene que corregirse, desactivando y dando de baja a la maraña de innecesarias normas jurídicas y administrativas existentes. Y también reorganizando y, en algunos casos, reduciendo (e incluso cerrando) los organismos públicos que las ejecutan, en muchos casos duplicando acciones. A la par, debe realizarse una evaluación plena del número de trabajadores que se requieren y la preparación o calificación que deben tener, introduciendo los conceptos de evaluación por resultados para su permanencia y ascensos, es decir la llamada “meritocracia” en todos los organismos públicos.

En pocas palabras lo que se requiere es una reforma integral del Poder Ejecutivo. No sobra decir que la situación actual afecta el comportamiento del mercado distorsionando la asignación de recursos, complica la marcha de las empresas e inicio de proyectos de inversión y genera una ineficiente e ineficaz utilización de los recursos fiscales, que por cierto provienen del sector privado, dado que se aplican mal y a destiempo.

En cuanto a la segunda, el imperio de la ley, es indiscutible y no debe caber ninguna duda de su aplicación cabal e irrestricta, al margen de qué o de quién se trate. Este contexto da la total certidumbre a los agentes económicos y ciudadanos en general respecto a que la ley los respalda, así como tranquilidad en cuanto a la predictibilidad de lo que programan realizar. En particular mencionar la relevancia que tiene saber que se respetarán los contratos entre privados o entre estos y el sector público y que no se aceptará se violente la tranquilidad y orden interno del país so pretexto de demandas o conflictos de cualquier tipo, incluidas las calificadas como sociales. Por cierto esto debe ir de la mano con propender a la estabilidad jurídica, la tercera institución, es decir, que los cambios o ajustes que se produzcan en la normatividad jurídica y la frecuencia con que se realicen los mismos sean mínimos, pues en caso contrario se genera una incertidumbre, inseguridad y desconfianza muy alta y obviamente negativa. Esto se torna más crítico cuando se trata de introducir enmiendas o peor aún buscar cambiar de manera significativa la Carta Magna, la ley de leyes como es la Constitución, conforme anuncian de manera frecuente los voceros del actual gobierno e incluso el propio presidente.

Entonces, ¿cómo programar inversiones, sean ampliaciones de capacidad instalada o nuevos proyectos, en un país que no respeta las leyes o que modifica con frecuencia el marco jurídico, menos aún cuando existe la posibilidad que la propia Constitución sea alterada en su integridad, en particular el Capítulo Económico? Obviamente el resultado es negativo, como lo estamos experimentando actualmente, basta mencionar los estimados del Banco Central de Reserva que proyecta un crecimiento nulo de la inversión privada para este año, mientras otras entidades igualmente respetables pronostican el decrecimiento de esta importante variable, que como sabemos representa el 80% de la inversión total del país, alrededor del 18% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es crítico pues uno de los temas más agobiantes del país es el nivel en que nuevamente está la pobreza, con tendencia al alza por la insuficiente tasa de crecimiento, problema que al final es uno de carencia o insuficiencia de ingresos por no tener empleo o que éste es inadecuado, precisamente aspecto que puede atenuarse y eventualmente resolverse generando empleo adecuado vía la inversión.

La vigencia plena de estas dos instituciones en los términos señalados garantiza estabilidad y credibilidad en el sistema jurídico peruano, para que al margen del gobierno de turno exista confianza en él. Tema que por cierto se examina y sigue con mucha atención a nivel internacional, a más de los propiamente económicos, para efectos de la calificación de riesgo que le otorgan al país, evidenciado recientemente cuando esencialmente por estos aspectos jurídicos las calificadoras más prestigiosas a nivel mundial rebajaron nuestra ubicación. Para ello, como parte sustantiva de lo que corresponde hacer, es indispensable que las autoridades de turno respeten y hagan respetar el estado de derecho, a la par con realizar la reforma integral del Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público. El enfoque debe ser similar al detallado en el caso de la reforma del Poder Ejecutivo. Esto sin duda coadyuva a mejorar sustancialmente el entorno de negocios y, en consecuencia, a impulsar el retorno de la dinámica de inversiones, uno de los motores centrales, conjuntamente con la productividad, del crecimiento económico. Escenario similar a este que aspiramos tener se vivió en la primera década de este siglo, a lo que se sumó el respeto a los fundamentos macroeconómicos, lo que permitió alcanzar tasas anuales promedio de crecimiento real y potencial en el entorno del 6%, con una inversión que crecía a dos dígitos, todo lo cual facilitó el impacto social altamente positivo de reducir la pobreza en alrededor de 40 puntos porcentuales, de 60 a 20% de la población, a la par con aumentar la clase media que estaba en el entorno de 17 a 45% de la población, lo que se logró conjuntamente con reducción de la inequidad en ingresos como lo muestran las cifras del coeficiente Gini. Entonces, ¿alguna duda que esto es finalmente lo que se busca, es decir, proceso cada vez más inclusivo con mayor equidad y bienestar?

En cuanto a lo correspondiente al derecho de propiedad, debe respetarse absolutamente y velar por que todos dispongan del título pertinente sobre cada propiedad que tengan, lo que permite no sólo demostrar que es el titular de la misma sino que viabiliza cualquier utilización de ella en la actividad económica que se quiera participar. Esta institución potencia el crecimiento económico pues se torna en un activo de respaldo, de garantía, a la par con hacer tangible parte del esfuerzo realizado e incentivar impulso adicional. Similar situación se da con lo relativo al derecho de autor, al otorgar propiedad al resultado del esfuerzo individual por crear algo tangible e intangible en sus diversas facetas, lo que se torna en un significativo estímulo para el avance de la ciencia y tecnología, la que está evolucionando a una velocidad impresionante, inimaginable hasta hace muy poco. Una economía que no avale de manera irrestricta estas dos instituciones no podrá crecer y desarrollarse a plenitud.

Por último, pero no menos importante, está lo relacionado con la información, que tiene que fluir de manera universal, totalmente transparente y de manera oportuna. Coadyuva en esta dirección la tecnología existente pues permite en cuestión de segundos que ella esté disponible a nivel mundial, de allí la trascendencia que tiene el facilitar por parte de los gobiernos de turno que todos tengan acceso a las diversas fuentes de información y herramientas tecnológicas disponibles; la equidad en el acceso a ellas se torna fundamental. Por otra parte, esto acorta de manera sustancial los sesgos en data y conocimientos a favor o en contra, según el caso, entre los agentes económicos que intervienen o participan en determinada actividad económica, situación que igualmente se da para los actores políticos que actúan en una democracia. Como tal, permitir que esto se perfeccione cada vez más contribuye a la consolidación del sistema político y económico plasmado en nuestra Constitución de 1993.

Todo lo señalado en este breve artículo debe hacerse realidad en el Perú si realmente aspiramos a consolidar nuestra democracia y economía social de mercado. Estamos seguros de que con este sistema político y económico, aplicados como corresponde, resolveremos nuestros agudos problemas qué, hay que decirlo, se están profundizando, agudizando, precisamente por alejarnos del cumplimiento cabal de las seis instituciones escuetamente analizadas. Los que están participando en los diferentes poderes del Estado y los que aspiran acceder a ellos deben tenerlo muy presente y convencerse de su trascendencia. Quedamos atentos.