Por: Roxana Ortiz A.

Un grupo de pobladores continúa exigiendo beneficios de la segunda etapa del proyecto Majes Siguas antes que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire firme la adenda 13 con la concesionaria Cobra, de lo contrario aseguran, no les permitirán el acceso hasta los campamentos y la zona de trabajo.

Como parte de la protesta que han decidido llevar a cabo, trasladaron hasta el centro de la ciudad, sacos con guano o estiércol de llama que arrojaron en las puertas del Consejo Regional y también lo hicieron frente al local de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Para ayer se había anunciado la firma de la adenda 13, pero nuevamente y sin ningún sustento técnico y solo a través de un comunicado, se indicó que la actividad se suspendía hasta la próxima semana. También se habla de la instalación de una nueva mesa de trabajo.

Se había citado al local de Autodema a los consejeros regionales y funcionarios, hasta donde acudió la autoridad regional para sostener una reunión privada, supuestamente para tratar sobre la firma de dicha adenda, porque ni a los propios consejeros les comunicaron los motivos de la suspensión.

Mientras tanto, el alcalde provincial de Caylloma, Álvaro Cáceres Llica, el distrital de Caylloma, Leonardo Huacha, además de los dirigentes, llegaron hasta el Consejo Regional para reunirse con el consejero Elmer Pinto, quien abiertamente discrepa de la continuidad del proyecto con dicha adenda.

Las autoridades indicaron que se han reunido en varias oportunidades con la Gobernadora y los técnicos, a través de varias mesas de diálogo pero no han llegado a ningún acuerdo concreto.

Ellos solicitan que se les entregue el 30% de las 38 mil hectáreas del Majes Siguas II, como afectados por la ejecución del proyecto, además de un canon hídrico, entre otros beneficios. Para el gerente de Autodema, Arturo Arroyo, como otros consejeros, algunos de los pedidos como los terrenos es algo inviable, porque ya hay un esquema definido para la venta de tierras, además de ser un proyecto de participación pública y privada, cuya inversión se recuperará precisamente de la venta de tierras y del agua.

Igualmente señalan que cualquier beneficio que requiera una población, se debe exigir antes de una firma del contrato, pero en este caso, el contrato está vigente desde el 2010 y la obra ya tiene un avance de ejecución del 27%. Lo que se plantea es una retribución con la venta de tierras a menor escala pero en parte de la primera etapa.

“Todo eso se les ha explicado a través de los técnicos y no quieren entenderlo, están mal asesorados por sus abogados quienes buscan provechos personales y por el momento, están actuando políticamente, más aun cuando se está en época de elecciones”, consideró el presidente del Consejo Regional José Luis Hanco, quien les recomendó mantener el diálogo antes de concretar acciones como las realizadas ayer.