Por: Roxana Ortiz A.

Ayer se llevó a cabo la sesión de Consejo Regional, donde por tercera vez, funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), intentan que se aprueben los estados financieros y presupuestarios de la institución del 2021, lo que no se produjo debido a una serie de omisiones en la información presentada.

“Sabemos que se trata de una información muy complicada, probablemente porque no somos especialistas en el tema no la entendemos muy bien, pero hay informes que estoy solicitando sobre recursos que deben estar en estos documentos, pero no los encuentro y me gustaría que me aclaren el tema”, solicitó el consejero Edi Medina Collado al jefe de Contabilidad que acudió a realizar la exposición.

Informó que por ejemplo, el año 2021 se contó con un presupuesto que llegó a aproximadamente 2 mil 816 millones de soles, pero que no se pudieron ejecutar alrededor de 288 millones de soles, dinero que no se perdió sino que se había presupuestado en obras para ejecutar en el presente año, pero cuya relación no alcanzó.

También informó que hay unidades ejecutoras del GRA que tienen ingresos propios que reinvierten ese dinero en la propia institución, como las Ugeles Norte y Sur, como la gerencia de Transporte, entre otras, pero tampoco había la información en qué se invertía el dinero. Por ejemplo, docentes denunciaron el año pasado, que los ingresos extras de dichas Ugeles se habían repartido entre los trabajadores administrativos por diversos conceptos.

El cuestionamiento más duro llegó cuando el funcionario informó que el GRA tiene una lista de deudores; pero no supo informar de quiénes y por qué montos. Allí salió a colación el tema de la deuda que tiene el dirigente Felipe Domínguez Chávez, quien propició una invasión en terrenos públicos para instalar lo que llamó el Parque Industrial Señor del Gran Poder y que luego vendió a supuestos socios; pero que luego con una serie de argucias, logró firmar un convenio para la compra de dichos terrenos, que hasta el momento no se concreta, por lo menos en el pago.

De dicha deuda y de otras no había ninguna información en el documento presentado y justificó que la “parte usuaria”, es decir las diversas oficinas que tienen que hacer seguimiento a las deudas, no informan de dichos trámites, es decir, nadie sabe cuánto deben, ni cuánto han pagado ni tampoco se preocupan en hacer los cobros de las deudas; por lo que los consejeros solicitaron que antes de firmar los Estado Financieros hagan un sinceramiento de la información.