Por: José Colque

El consumo promedio mensual de una vivienda es de 40 m3 lo que implica un costo que oscila entre S/ 80 a S/ 100, según explicó el encargado de Cobranza Judicial de Sedapar, Wilfredo Salhua. En la residencial Lari Lari (Cayma) este caso es replicado hasta en 10 viviendas, de acuerdo a la inspección de personal de la entidad que brinda el servicio básico, sin embargo, el motivo de la visita fue para certificar que estos predios utilizaban el recurso de manera clandestina.

“Hay algunas conexiones especiales, pero estos (intervenidos) aprovechan ello para pinchar las tuberías y conectarse (el servicio) a sus predios. Toda conexión clandestina se levanta, se corta y se denuncia”, aseguró Salhua. El procedimiento sancionador implica el apoyo de personal policial, luego dan cuentas al Ministerio Público sobre el caso y de esta manera se emita una pena. “La denuncia correspondiente es por el delito de hurto agravado de agua potable que según la Ley es penado entre 3 a 6 años de pena privativa de la libertad”, agregó. Además de la denuncia, el monto por el uso del agua también debe ser efectivo para subsanar las faltas.

El modus operandi de los ciudadanos que interceptan el servicio y lo direccionan para sus viviendas consta en el uso de una tubería 3/4 y la construcción, en la mayoría de ocasiones de un bypass o material que cubra la conexión, según explicó el funcionario.

“Hace un mes detectamos una Asociación donde se abastecían 150 familias es la Asociación San Pedro en Cono Norte cerca del cementerio. Pagaron cerca de S/ 20 mil por el servicio hurtado y se están poniendo a derecho para abastecerse de agua potable”, dijo. Cerro Colorado, Cayma y Alto Selva Alegre son los principales distritos donde el personal de SEDAPAR encontró casos similares.

La sospecha de la entidad sobre el tiempo en el que surgen este tipo de acciones irregulares data del 2020. Salhua refirió que la mayoría de infractores decidieron realizar esta acción bajo la justificación de la pandemia y la falta de fiscalización que hubo durante esas fechas. Sin embargo, informó que para este año elaboraron un plan estratégico donde tienen como objetivo revisar a 250 mil conexiones a nivel nacional. Hasta la fecha, en Arequipa abarcaron cerca de 1 mil entre irregulares y clandestinas, de los cuales cerca de 400 llegaron a formalizarse.

Si bien evitó precisar la cifra total de las pérdidas económicas por el hurto de agua, Salhua dijo que del 100% del abastecimiento del servicio, el 31% no fue facturado durante el 2021. Este año el porcentaje bajó al 29.5% por los operativos.

El funcionario solicitó a la población ponerse a derecho para evitar tramites o denuncias al respecto. Actualmente existen 3 personas que fueron sentenciadas por el delito de hurto agravado de agua potable. “No esperemos que SEDAPAR los denuncie. Los invito a que se formalicen, acudan a los canales virtuales, ingresen a la página de SEDAPAR. Están los requisitos y pueden hacer los trámites de manera virtual donde estamos atendiendo constantemente”, indicó.

De acuerdo con SEDAPAR, las quejas para advertir las conexiones irregulares o clandestinas detectadas pueden ser enviadas al número 952526471 o al correo electrónico clandestinos@sedapar.gob.pe.