Por: Roxana Ortiz A.

El fin de semana pasado se publicó un Decreto Supremo con la modificación del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, norma que según señalan los empresarios arequipeños, perjudican a quienes generan empleo formal en el país.

La reactivación es prioritaria para el país

Los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa indican que nuevamente el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, publicó una norma que no ha sido consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es un mecanismo de diálogo social y concertación laboral, que tiene por objeto la concertación de políticas en materia de trabajo, promoción del empleo, capacitación laboral y de protección social para el desarrollo nacional y regional.

Este Consejo integra a las organizaciones sindicales y gremios empresariales más representativos del país, así como funcionarios del Ministerio de Trabajo, además de representantes de las organizaciones sociales vinculadas al sector trabajo, por lo que señalan que una modificación de esta envergadura debió ser discutida y consensuada por este organismo, en vista a que se involucra a los representantes de todas las partes interesadas.

Indican que se trata de una segunda norma que publica el Ministerio de Trabajo, después de la modificación de los servicios de tercerización; sin que haya sido dialogada en el Consejo, lo que genera una gran desconfianza por parte del sector empleador hacia el Gobierno.

El decreto publicado modifica puntos claves dentro del proceso de negociaciones colectivas, como el requerimiento de una resolución expresa del ministerio aprobando el desarrollo de una huelga, habilita el silencio administrativo positivo, prohíbe el reemplazo a un trabajador en huelga, arbitraje potestativo, entre otros, lo que consideramos que genera una gran desprotección a las empresas.

“La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa manifiesta su respeto a las negociaciones colectivas y la actividad sindical, pero la publicación de estas normas, sin analizar el verdadero impacto que pueden generar en el desarrollo de las empresas, genera inestabilidad en el sector económico, desalentando la inversión e incentivando la informalidad, que a la fecha llega a un alarmante 77%, una de las cifras más altas de la región”, indican los empresarios.

Consideran el Poder Ejecutivo debería propender a la publicación de normas que incentiven la formalidad y que atraigan inversión para generar puestos de trabajo formales; por lo que consideran que el Decreto Supremo N° 011-92-TR debe ser derogado y dialogado entre las partes para evitar perjudicar tanto a las empresas formales, así como al trabajo formal.