Por: Roxana Ortiz A.

La próxima semana se conocerá si la Corte Suprema de Justicia determina si es que el ex gobernador Elmer Cáceres Llica deja la prisión preventiva o permanecerá los 36 meses en el penal de Socabaya mientras se profundizan las investigaciones sobre el caso de “Los hijos del cóndor”.

Por caso Los Hijos del Cóndor

La fecha prevista para la audiencia es el próximo miércoles 10 de agosto cuando la institución en la ciudad de Lima, decida si acepta o no el recurso extraordinario de casación que interpuso el ex gobernador regional.

En audiencia realizada ayer para analizar el caso, su abogado Humberto Abanto argumentó que se vulneraron los derechos de la ex autoridad regional, porque no se le notificó que estaba siendo investigado durante casi dos años, no se valoró su arraigo laboral como gobernador y que tampoco tiene nexos en el extranjero para fugar del país.

De aceptarse el recurso de casación, Cáceres Llica no tendría ningún impedimento, no solo para salir de prisión, sino también para retomar el cargo de gobernador regional, aunque sería bastante difícil, por los plazos que le tomaría al Jurado Nacional de Elecciones, en devolver las credenciales, cuando ya se está a escasos cinco meses de culminar la gestión.

La defensa de Cáceres Llica, a quien acusan de ser el líder de la organización criminal, adujo que el Ministerio Público, vulneró el derecho a la legalidad procesal penal, colocando a todos los presuntos implicados en un estado de indefensión al desarrollar una serie de actos de Investigación y de recolección probatoria sin participación de los denunciados y su defensa técnica.

Argumentó que en todo ese proceso de investigación de más de dos años, no se les dio la oportunidad a los acusados, de defenderse de las acusaciones, de los hechos que se les estaban atribuyendo y que ahora son conocidos por todos.

También se trató de desacreditar la información obtenida por la agente especial Samanta Miranda Tijeros, solicitando que se anule del proceso la participación de dicha agente, por lo que una sala en Arequipa, anuló la resolución del juez que confirmó el uso de la técnica de investigación, que luego otro juez la consideró pertinente, por reunir los requisitos de ley.