— Redacción Diario El Pueblo —

La fiscalía argentina pidió ayer una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran como una persecución.

Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.

Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia emitió un comunicado de repudio.

«El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad», señaló el texto.

«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno», añadió.

Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La pena máxima para esos delitos es de 16 años.

Esta última audiencia de alegatos de la acusación fue instalada en la mañana por el fiscal Sergio Mola, quien repasó los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.

En la sesión, desarrollada de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».

«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.

La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

DERECHO DE PALABRA

Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.

«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.

Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.