Por: Roxana Ortiz A.

Lo que desde un principio se denunció, fue confirmado por la Contraloría. El cementerio COVID que se inició en el distrito de Uchumayo, se construyó de manera irregular generando un perjuicio económico para el Estado.

De acuerdo al informe de auditoría de cumplimiento 007-2022 suscrito por la Jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, Yulemi Valladares y que tiene 142 páginas, concluyó que funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, incumplieron lo establecido en la ley, debido a que el proyecto de Cementerio Culebrillas, no contaba con el registro en el Programa Multianual de Inversiones.

A ello se suma que no tenía la viabilidad del proyecto de inversión, ni la aprobación del expediente técnico, todo lo cual fue desarrollado en vía de regularización en el periodo de abril a diciembre 2020 en la gestión regional de Elmer Cáceres Llica.

Según la investigación realizada, los hechos ejecutados por funcionarios regionales transgredieron los artículos 1, 3, 9 y 10 del decreto legislativo 1252 que creó el Programa Multianual de Inversiones y el reglamento del decreto legislativo 1252 referidos a los principios y lineamientos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, así como también disposiciones vinculadas a la construcción de cementerios contenidos en la ley 26298.

Todos estos hechos han generado un perjuicio económico a los intereses del Estado por 962 mil 865 soles como consecuencia de la ejecución del proyecto no autorizado por las autoridades competentes.

El informe agrega que la Municipalidad de Uchumayo puede imponer una multa como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador contra el Gobierno Regional y podría demoler todos los trabajos efectuados en la Zona Quebrada de Culebrillas con motivo de la edificación del Cementerio COVID 19 y los consecuentes costos que implicaría tales actos irregulares.

Entre las recomendaciones del informe, la Procuraduría de la Contraloría debe iniciar acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en el informe de auditoría para determinar responsabilidades, mientras que la gobernadora regional, debe realizar las acciones necesarias para que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional.

Asimismo, recomiendan que la gobernadora debe disponer la inmediata evaluación del estado situacional del proyecto de Creación del Cementerio Culebrillas para determinar los gastos que pudieran haber generado su ejecución y que no han podido ser identificados para recuperar los mismos y definir la situación del proyecto.