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lunes, diciembre 5, 2022
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Advierten perjuicio de S/ 33 mil en obra del eje Jerusalén-San Juan de Dios

Por: José Colque

La Contraloría General de la República informó que la obra del eje Jerusalén – San Juan de Dios presenta irregularidades vinculadas a la adquisición de cables eléctricos, implicando el perjuicio económico de S/ 33 mil 777. Todo ello, a través del informe de Control Nº 035-2022-2-0353-SCE.

En el documento, el ente de control sustenta que el comité de Selección establecido por la Municipalidad de Arequipa para dicha obra otorgó dos buenas pro a la empresa Cofersa E.I.R.L entre el 2018 y el 2019. La primera vez se admitió y calificó su oferta a pesar de no cumplir con acreditar las especificaciones técnicas y requisitos de las bases, observó Contraloría.

En el segundo proceso, detalla que la comuna hizo mención a una marca con deficiencias durante la ejecución contractual, brindó conformidad a los cables eléctricos entregados por Cofersa, a pesar de que la contratista presentó los certificados de pruebas de ensayos emitidos por un laboratorio no acreditado, contraviniendo una de las partes respecto con la acreditación correspondiente. Posteriormente, se concedió la conformidad a la entrega de bienes del contratista a pesar de las observaciones, lo que imposibilitó la aplicación de penalidad por mora, ocasionando el perjuicio económico de S/ 31 mil 777 al Estado, según el informe de Control.

La entidad fiscalizadora también informó que las personas comprendidas al hecho descrito pertenecían al Comité de Selección de ese entonces, que representaba a la Municipalidad de Arequipa. Este grupo estaba integrado por César Berríos (actual gerente del Centro Histórico), Edward Pinto (actual gerente de Desarrollo Urbano) y José Zea (actual sub gerente de Logística). Además de los servidores públicos Eduardo Málaga (residente de obra) y Walter Fernández.

En el informe, Contraloría recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos de irregularidad a fin de determinar responsabilidades.

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