Por: Dany La Torre

“Tenemos que aprovechar la dinámica del cambio frente a la inestabilidad política y la conflictividad a nivel de la actividad extractiva minera que existe en el Perú”, afirmó el viceministro de Minas, Jaime César Chávez Riva Gálvez. Este aclaró que las normas en el sector deben ser ajustadas considerando el contexto nacional a fin de mantener la institucionalidad.

“Precisamente lo que tenemos que hacer es usar estas lecciones que se van aprendiendo y formular algunas medidas necesarias dentro de este este eje temático, aparte de la institucionalidad, tenemos también la transparencia”, agregó.

Chávez recordó que la situación cambiante en el sector minero del país se ve impactada por factores como la inestabilidad e inseguridad política; así como la gran conflictividad social alrededor de proyectos mineros. Por ello, durante su participación en la Convención Minera Perumin 35, el funcionario indicó que se requiere el avance de la formalidad de las instituciones y actores del sector; mientras que a la par, se deben fomentar mejores políticas para el ajuste de normas de transparencia en minería.

“(Por ejemplo) en Perú tenemos las normas adecuadas, sin embargo, no son aplicables a todos los rincones del país. Alguien dijo una vez que tenemos normas tipo Suiza, es decir muy buenas, inclusive en materia ambiental fuimos los primeros en tener actividad ambiental, nos inscribimos al temprano a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), entre otros. Sin embargo, hay normas que no llevan o no son aplicables o sencillamente no producen el efecto querido en ciertos aspectos, la tarea es ajustar esas normas, ajustarlas a las lecciones aprendidas y ajustarlas, por ejemplo, al nivel de conflictividad que hay en la industria minera”, indicó.

Una de estas normas, dijo, es la ley del canon impulsada por la propia industria y el Congreso en el año 2001. Explicó que allí se buscaba que los beneficios de la actividad extractiva regresaran a los lugares donde se producen esa extracción. Sin embargo, los problemas como la falta de capacidad ejecutora por parte de las entidades publicas que reciben el canon, generan desconfianza en la población y a su vez, propician conflictos en rechazo de la actividad minera.

“Es ahí donde el EITI, buscando adaptarse a las realidades nacionales, podría ayudar a que el Perú se ejecuten esos fondos que llegan a las regiones y que no se pueden gastar ya sea porque no se formulan mal los planes o porque no hay capacidad ejecutora o administrativa (…) debería ir un poco más allá y gestionar que no solamente haya una razonabilidad contable, sino también asegurar que estos ingresos se gasten como es debido, eso es una tarea pendiente que tenemos en relación al sistema de transparencia que nos arroja no se pueden ejecutar los dineros”, dijo.