— Redacción Diario El Pueblo —

El presidente de la República, Pedro Castillo, presentó una demanda de acción de amparo contra el Congreso de la República a fin de que se declare nula las medidas aplicadas por el Parlamento en su contra y pide que el Poder Legislativo se abstenga de ejercer control político arbitrario.

En el documento difundido por el portal LP-Pasión por el Derecho, aparecen de forma específica las investigaciones que realiza el Parlamento contra el mandatario.

Entre ellas está la solicitud de nulidad de la tercera moción de vacancia presidencial, que fue presentada por el congresista Edward Málaga porque la investigación que viene realizando la Fiscalía son «presuntos ilícitos penales». También se menciona a los congresistas Carlos Anderson, Adriana Tudela (Avanza País) y Karol Paredes (Acción Popular).

Otro de los puntos es que se declare nulo «todo lo actuado» por la Comisión de Fiscalización, presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular). En dicho grupo de trabajo se realizó el informe sobre la Casa Sarratea y la presunta organización criminal en Palacio de Gobierno.

Además, el mandatario solicita la nulidad de la acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria tras sus declaraciones a la cadena CNN en Español, en enero de este año, de dar una salida al mar a Bolivia. Esta denuncia constitucional contra Pedro Castillo fue sustentada por el congresista Wilson Soto ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

Por último, el mandatario pide en el documento que el Congreso de la República, «se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra y en mi calidad de presidente constitucional de la República del Perú».

Betssy Chávez, ministra de Cultura y congresista de la República, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, por una supuesta infracción a la Constitución Política del país, abuso de autoridad y prevaricato.

El documento fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la misma se señala que la Fiscal de la Nación denunció al presidente Pedro Castillo, pero por delitos que no figuran en el artículo 117 de la Carta Magna.

«Si bien el rol que tiene la Fiscal de la Nación en esta etapa es de nivel requirente o solicitante, también es cierto que como funcionaria pública está obligada a enmarcar sus acciones al Principio de Legalidad, en el sentido de que solo puede pedir o requerir medidas que la norma (en este caso la Constitución) expresamente le faculte, cosa que no sucede en este caso, en donde la funcionaria en cuestión, a pesar de que existe texto expreso de la Carta Magna que deja en claro que no procede someter al Presidente de la República al procedimiento de acusación constitucional por cualquier otro supuesto que no sean los cuatro si contemplados, hace todo lo contrario a dicha norma máxima, y peor aún lo hace de forma premeditada»,se lee en el sustento de la denuncia.