— Redacción Diario El Pueblo —

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó ayer en Lima a que cada institución de Perú cumpla con sus funciones y se apegue a sus competencias para evitar «una alteración del orden democrático».

«La Comisión exhorta al Estado a que cada institución cumpla con sus funciones con estricto apego a las competencias debidamente regladas para evitar con ello una alteración al orden democrático en el país», dijo en una rueda de prensa el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Edgar Stuardo Ralón, quien concluyó una visita de cuatro días al país.

Durante su recorrido, el país se ha visto inmerso en una nueva crisis, con la denuncia constitucional por corrupción de la fiscal general, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, quien considera que «se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú».

Tras hacer un repaso de los acontecimientos vividos en los últimos días en Perú, que también incluyeron el allanamiento de la vivienda de la hermana de Castillo con su madre enferma presente, Ralón subrayó que «la vigencia de derechos y libertades, requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y en el que exista un efectivo control constitucional».

También recalcó que este respeto debe estar sujeto «a legalidad de los actos del poder público».

El comisionado de la CIDH detalló que «existen ciertos criterios de subjetividad que generan un alto riesgo a la institucionalidad democrática del país» en el uso de varias figuras constitucionales.

También mostró su preocupación por la moción de vacancia (destitución) «por incapacidad moral», y los «desafíos en la separación de poderes por cuenta de la posibilidad de que el presidente» disuelva el Congreso tras serle negadas tres mociones de confianza.

«La CIDH llama al Estado de Perú, especialmente a los poderes involucrados en la interpretación y aplicación de esos procesos y al Tribunal Constitucional del Perú, para que se reglamenten y delimiten con claridad las tres figuras constitucionales mencionadas», manifestó Ralón.

Aseguró que la finalidad debe ser la de «asegurar objetividad, imparcialidad y respetar estrictamente el principio de legalidad y debido proceso y la separación de poderes».

A juicio de la CIDH, «estas figuras tienen el potencial de afectar la separación de poderes, los derechos políticos de la población y la propia democracia, porque carecen de una definición de parámetros objetivos» que precisen «con claridad las conductas punibles».

En este sentido, explicó que la CIDH «observa con preocupación que, desde el 2016, el Congreso ha promovido seis mociones de vacancia por incapacidad moral permanente, dificultando la gobernabilidad de un país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos en seis años».