Por: Ana de Mendoza – Representante de Unicef

El Estado debe fortalecer los programas sociales de protección existentes, asegurar su calidad y cobertura.

El Perú inicia su último trimestre del año suspendiendo el uso obligatorio de mascarillas que impuso la covid-19, la misma pandemia que, en pocas semanas, mostró a todos los sectores de la sociedad peruana la dureza de no contar con un sistema de protección social inclusivo y con capacidad de respuesta ante emergencias, que proteja a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su vida.

Con un acumulado de más de 216,000 personas fallecidas por covid-19, treinta meses después de iniciada la pandemia, el Perú tiene la oportunidad/responsabilidad de construir un sistema de protección social universal que no deje a nadie fuera. A pesar de ser un país de ingresos medios altos y mantener la macroeconomía en azul, la línea que divide a vulnerables y no vulnerables sigue siendo extremadamente delgada y se puede cruzar en cuestión de días, como sucedió en el 2020, cuando 3.3 millones de personas en el Perú cayeron en situación de pobreza (de 6.6 millones en el 2019 se pasó a 9.9 millones en el 2020), especialmente cuando en el hogar hay niñas, niños y adolescentes y más del 70% de las familias se sustentan con empleos informales.

Testigo de ello son las miles de personas que perdieron sus empleos; las que incluso contando con un seguro privado de salud no encontraron cama o balón de oxígeno; las familias migrantes en busca de techo y sustento, los miles de escolares que debieron trasladarse de la escuela privada a la pública; las familias que no accedieron a ningún bono monetario porque no figuraban en los padrones del sistema de focalización de hogares, pero debían pagar más por el agua que les llega en camión que quienes tienen agua potable. Ellos y ellas son la más clara expresión de que en el Perú la vulnerabilidad acecha en las distintas etapas de la vida y, por ende, hay que construir con urgencia un sistema de protección que genere certeza y confianza a cada persona que reside en el país.

Esfuerzos por asegurar los derechos básicos de la población, sobre todo de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas y las familias migrantes, los hay. Ahí están los programas sociales Juntos, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, SIS, Pensión 65 y Contigo, creados en las últimas décadas, y los distintos bonos monetarios implementados durante los meses más álgidos de la pandemia para aliviar las dificultades de millones de familias y miles de empresas de distintos regímenes tributarios.

Sin embargo, la práctica ha demostrado que para ser más efectivos estos esfuerzos deben articularse centrándose en las necesidades de las personas que están en situación de pobreza, pero también en los que están en riesgo de caer en la pobreza por algún choque externo o emergencia y dar paso a un sistema de protección social que, gracias a una mejor información socioeconómica de la población, principalmente de la urbana; estrategias de atención a la pobreza urbana e inclusión financiera, puedan responder oportunamente a las demandas del país.

El Perú, como miembro de las Naciones Unidas, hizo suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tiene el compromiso de buscar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad priorizando el progreso de los más rezagados. La meta es el 2030, y aunque la crisis sanitaria ha tornado imposible llegar, no es ni estratégico ni éticamente aceptable dejar de lado los esfuerzos por avanzar. En ese camino, es clave para el Perú empezar a construir su sistema de protección social.

Como parte esencial del esfuerzo, el Estado debe fortalecer los programas sociales de protección existentes, asegurar su calidad y cobertura. Así, los servicios del Estado estarán disponibles y serán atractivos para todos y todas, y se generarán las condiciones que permitan crear este sistema en el país con la convicción de que la contribución tributaria personal y empresarial están al servicio del bien común. No perdamos de vista esta misión y, desde donde nos corresponda, apoyemos al Estado peruano en su tarea de cumplirla para así garantizar, desde el inicio y a lo largo de sus vidas, la protección de los derechos de las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes.