Por: Carlos Meneses

“Las beneficencias deben funcionar como dependencias municipales para ser activadas en sus bondades y su actual personal debe pasar a la condición de trabajadores comunales”.

Las sociedades de Beneficencia Pública surgieron en el Perú en los siglos XVIII y XIX fueron integradas por personalidades representativas de las comunidades donde estaban ubicadas, dedicándose a la atención de personas sin recursos y, especialmente, a ancianos y niños.

En Arequipa, la ciudadanía recuerda con especial afecto la labor que hicieron en el hospital Goyeneche, inaugurado en 1912, y en el orfelinato Chaves de la Rosa, siendo secundados en sus esfuerzos por religiosas traídas de Francia.

Recibían las instituciones citadas donaciones en casas y terrenos cuyo usufructo favorecía a los programas sociales puestos en marcha. En el siglo XX entraron en crisis económica y la mayoría de ellas pasaron a manos de instituciones estatales que en unos casos eran ministerios o fueron confiadas a la administración de las municipalidades, como es el caso de Arequipa, donde el alcalde designa al presidente y a un miembro del directorio que se integra también con representantes del gobierno regional o de otras entidades del sector Salud o de Educación.

La Beneficencia en Arequipa tiene más de 300 propiedades entre casas, edificios, comerciales, terrenos de cultivo y bienes para atender sus propias cuentas de asistencia social. Lamentablemente no se ha encontrado ni dinamismo en la acción ni tampoco acierto en los escogidos para conducir estos organismos benéficos que ahora se tienen problemas de liquidez financiera.

Debe ser preocupación de la nueva gestión municipal el activarlas adecuadamente, pues hay constantes denuncias sobre ellas, sus playas de estacionamiento, alquileres no pagados y la menor dimensión de la obra social que antes realizaba.