Por: Dany La Torre

Las protestas contra el Instituto Peruano del Deporte (IPD) retornaron en Arequipa por presuntos actos de corrupción en el arrendamiento de espacios en el estadio Melgar. La Asociación de Artesanos e Importadores «Los Emprendedores» 2020 y la Asociación «Niño Manuelito», señalan que esto se daría por continuos subarrendamientos por los que se beneficiarían algunos funcionarios.

De acuerdo al representante legal de ambas asociaciones, Renan Vásquez Quispe, el presidente del IPD en Arequipa, José Luis Tejeda Vargas, estaría arrendando espacios del conocido estadio donde funcionan ferias navideñas bajo la representatividad de un empresario (Vidal Cuno). A su vez, este realizaría subarrendamientos a los artesanos por considerables sumas de dinero que oscilan entre S/.1000 y S/.2000.

“Han venido actuando de forma concertada con el objetivo de obtener lucro pese a que está prohibido con estos contratos de arrendamiento. Por ejemplo, si el tarifario del IPD establece que por la parte occidente se debe pagar la suma de S/.12 mil y por la parte norte S/.20 mil, el presidente o empresario no puede subarrendar a un tercero. No puedo ser un intermediario esté cobrando semejantes sumas por un puesto. Con esto, se tiene la suma de S/.300 mil que se está alcanzando como obtención de lucro ilícito”, explicó.

Conscientes de esta coyuntura, las asociaciones de artesanos solicitaron participar del proceso de alquiler de espacios de forma directa desde el año 2019. En ese entonces, Tejeda les indicó que establezcan una personalidad jurídica por la que puedan presentar una solicitud formal. De acuerdo a Vásquez, los artesanos cumplieron con el criterio y presentaron una solicitud en junio de este año, pero no obtuvieron respuesta.

Debido a estas presuntas irregularidades, los cerca de 200 artesanos afectados realizaron una protesta a inmediaciones de la Plaza de Armas de Arequipa, donde anunciaron que iniciaron acciones legales en contra del representante del IPD y otros funcionarios ante el segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción.