Procuradora suspendida por corrupción sigue ganando sueldo sin trabajar
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Por: Roxana Ortiz A.
A pesar de haber sido destituida del cargo por la Procuraduría General del Estado y de que el Poder Judicial dispuso la prisión domiciliaria; la ex procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Rosa Leonor Vallejos Beltrán, sigue percibiendo su sueldo como trabajadora del Gobierno Regional de Arequipa.
Esto se debería a que el área de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa le otorgó una licencia con goce de haber desde el 20 de setiembre hasta diciembre del 2022. Según la resolución 486 del GRA, el jefe de dicha oficina, Stalin de Zevallos Rodríguez, decidió otorgar dicha licencia solicitada por Vallejos.
Una primera licencia la pidió en el mes de noviembre del año pasado, la misma que fue denegada porque en esos momentos se encontraba como suspendida por la Procuraduría; luego del hecho, ella solicitó reincorporarse a sus funciones como trabajadora del GRA en la oficina de Turismo, en la gestión de Elmer Cáceres Llica, debido a que aún el caso estaba en investigación. Según argumenta, se le otorgó dicha licencia debido a que padece de cáncer, como señaló en su defensa cuando estaba en juicio oral para determinar su detención.
Julio Talledo Chávez, director de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado, señaló que tras las evaluaciones de su caso, la Unidad de Instrucción de la Procuraduría General del Estado recomendó la destitución del cargo de procuradora pública del GRA debido a que: “de la revisión de los actuados obraban indicios racionales, elementos de convicción y medios probatorios que permitían concluir la existencias de presuntos incumplimientos de la norma por parte de la procesada”.
Ella había sido acusada de recibir una suma de dinero de Fernanda Molina Lazo, quien declaró haber entregado 2 mil soles como adelanto de un total de 25 mil soles que habría sido pactada para favorecer a la empresa que representaba, Giant SAC que tenía un proceso judicial por un terreno que iba a ser usado para la ampliación de la variante de Uchumayo. Junto a ella se encontraba en investigación el procurador adjunto, Renzo Pérez Torres.