—Redacción Diario El Pueblo–

José Palomino, abogado del mandatario, señaló que en la aprobación del informe sobre presunta traición a la patria se ha «vulnerado el debido proceso», y que se ha pedido al Congreso que deje sin efecto todo lo actuado en el caso.

El viernes, se aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. Con 11 votos a favor y 10 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso decidió que dicho informe pase a la Comisión Permanente, donde será visto el próximo miércoles, 16 de noviembre.

Asimismo, anoche, el presidente del Congreso, José Williams, envió un oficio al mandatario invitándolo a participar en la sesión de la Comisión Permanente para que él o su abogado defensor hagan «uso de la palabra» en dicha reunión, en que se «debatirá y votará» el referido informe final que recomienda la inhabilitación del jefe de Estado por cinco años.

Al respecto, José Palomino Manchego, abogado de Pedro Castillo, indicó que el presidente se encuentra «evaluando» asistir a dicha sesión; pero confirmó que él sí intervendrá en su condición de defensa legal del mandatario.

«Nos han notificado (…), hemos respondido a la Comisión que vamos a hacer uso de la palabra. Si el presidente irá, es algo que todavía no se ha definido, pero en el documento dice taxativamente que está concediendo el uso de la palabra. Y esa formalidad, el derecho del uso de la palabra, naturalmente, tenemos que llevarlo a términos de desarrollo», manifestó en Ampliación de Noticias.

«Yo voy a intervenir como abogado defensor y vamos a tener una reunión de trabajo a efectos de que el presidente decida si acude o no al Congreso», agregó.

En ese sentido, el jurista consideró que dicha intervención de la defensa del presidente es necesaria para que «no se nos deje en estado de indefensión por el conducto regular de la Comisión Permanente».

SE HA VULNERADO EL DEBIDO PROCESO

Asimismo, José Palomino explicó que la SAC ha «vulnerado el debido proceso» en el caso de la presunta traición a la Patria, y que se ha cursado un oficio dirigido al presidente del Parlamento para que se «deje sin efecto» todo lo actuado por la Subcomisión en ese caso.

«Con fecha 26 de setiembre y, anteriormente, con fecha 24 de agosto del 2022, entre otros motivos de diversa índole, hemos pedido la nulidad de todo lo actuado como consecuencia de que, por ejemplo, la SAC actuó y trabajó en un periodo que no le correspondía, lo cual es gravísimo porque eso está en contra de lo que estableció, en su momento, la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria que es hasta el 8 de julio», sostuvo.

Además, cuestionó que se haya actuado «de manera acelerada, vulnerando derechos fundamentales» del presidente y reiteró que la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, debió abstenerse de votar el informe final.

«Hemos pedido que regrese todo al estado anterior en sede parlamentaria, porque hemos solicitado, vía Mesa de Partes, que la presidenta de la SAC, prácticamente (…), ha adelantado juicio. ¿Dónde queda la ética parlamentaria que la oposición está solicitando a los congresistas?», señaló.

«Solicitamos que se declare nulo todo lo actuado y que la Comisión Permanente vuelva a remitirlo a la SAC porque hay vulneraciones que no se pueden permitir en sede parlamentaria. Se está vulnerando el debido proceso del presidente constitucional Pedro Castillo», agregó.

A su vez, sostuvo que «no hay delito de traición a la patria» en las expresiones del mandatario que motivaron la actuación de la SAC, y que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ni de la Corte Suprema referidas a ese tipo delictivo.

«Al hablar de traición a la patria habría que ver los lineamientos hermenéuticos del TC en donde se establece claramente cuándo se establece esta figura delictiva que va de la mano entre el Código Penal y el Código de Justicia Militar (…) Ya la Corte Suprema ha sostenido que no se puede aplicar el delito de traición a la patria cuando no hay de por medio una condena. Y hay que seguir también los lineamientos del orden internacional, o sea del control de convencionalidad, lo que ya ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos», remarcó.