Por: Dr. Carlos Cuya Mamani – Ex Gerente Regional de Salud y ex director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa – Caylloma

El nuevo gobierno regional que asume el 1° de Enero del 2022, tiene ante sí y ante la ciudadanía arequipeña un gran reto, que implica dotar de una salud equitativa y de calidad a la región. La pandemia del COVID-19 desnudó la real situación del sistema de salud nacional y regional: precario, corrupto e incapaz; problemas que vienen de muy atrás y que anteriores gestiones no estuvieron a la altura de afrontar.

Otros problemas regionales que se suman a lo dicho son: un sistema de salud fragmentado, la voracidad de la parte privada, la captura del estado por parte de intereses particulares y también por sindicatos que han perdido la esencia de sus reinvindicaciones, los CLAS (comités locales de administración de la salud) que en la mayoría de los casos no cumplen técnicamente con sus fines.

El problema de los servicios de salud en Arequipa debe ser atendido en dos aspectos. El primero, es el nivel hospitalario, el cual no ofrece atención compleja y de calidad. Ya los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche se han tornado insuficientes ante la demanda, tanto en el número de pacientes como en los servicios de patologías complejas que deberán atender. Se hacen necesarios establecimientos de salud de alta complejidad que puedan resolverlas. Además, la incapacidad de gestión y la corrupción han hecho imposible que nuevos hospitales puedan entrar en funcionamiento, como el de Chala, Camaná, Cotahuasi y otros.

El primer nivel de atención es otra área que debe recibir prioritaria atención, especialmente la Red Arequipa – Caylloma que es la más grande del Perú con 28 microredes y 147 establecimientos de salud. Esta es una monstruosa organización con una parte administrativa microcéfala y corrupta. Funciona en una sede precaria y tugurizada que no está a la altura de sus objetivos. Más del 50% de su infraestructura no está saneada ni física ni legalmente, por lo tanto, no pueden hacer proyectos de mejora ni de mantenimiento. En momentos cercanos a la temporada de lluvias, las postas y centros de salud no podrán funcionar adecuadamente por la precariedad de sus instalaciones. Además, el incumplimiento del gasto de su presupuesto, especialmente del Seguro Integral de Salud (SIS), que este año es deplorable, avizora un empeoramiento en los servicios de salud.

Por otro lado, el apoyo que debiera recibirse desde el nivel central, por ejemplo, el empleo de los recursos del SIS, que solo ve la parte de los medicamentos y algunos otros aspectos, es injusta y no ve que el ciudadano asegurado pueda atenderse con seguridad y calidad. No existe una verdadera política de implementación de las redes integradas de salud (RIS) que ayudarían a mejorar la atención en el primer nivel de atención.

El fracaso en el manejo de la pandemia ha hecho ver que ver que el problema de la salud es complejo y debe ser visto así. No se ha visto una política de salud que tenga en cuenta la gran demanda de atención, en esta época de post-pandemia, las grandes brechas de atención de pacientes con problemas de enfermedades crónicas y patologías quirúrgicas. Todo esto constituye una injusticia, especialmente con los ciudadanos más vulnerables, en los cuales los determinantes sociales empeoran su salud, que es un derecho humano.