Por: Carlos Meneses

“Todo indica que la pretendida Traición a la Patria del presidente Castillo, con relación a la salida al mar por la costa peruana ha sido un error que debe ser enmendado.”

No podemos dejar de lamentar el desempeño del procurador del Congreso encargado de sustentar ante el Tribunal Constitucional las reservas que este poder del Estado, a través de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales, hizo en contra del presidente Castillo sobre una presunta comisión de delito por Traición a la Patria.

La verdad de la milanesa es que desde antes de que se planteara el tema a nivel del parlamento hubo constitucionalistas que opinaron en contrario de la argumentación que estuvo a cargo del congresista Diego Bazán.

Hubo dudas sobre la procedencia de tal denuncia derivada de una entrevista que el mandatario Castillo concedió a un enviado de la cadena norteamericana de televisión CNN, en la que dijo que podría ser que consulte a la ciudadanía peruana sobre una posible salida al océano Pacífico para la república mediterránea vecina.

El tema de fondo es que los delitos de Traición a la Patria tienen que consumarse, no basta con un simple decir que resulta ser el ejercicio de libertad de expresión.

El procurador no fue al TC, que lo recibió en Sala Plena, con abundante información de apoyo a la tesis que ya debía ser vista por la Comisión Permanente del Congreso en sesión programada para el 16 y entonces los magistrados hicieron de él poco menos que pita y pabilo.

El asunto obliga a una revisión de todo lo hecho, antes de que el TC emita un pronunciamiento que pocas posibilidades tiene de serle favorable al Congreso de la República y que por el contrario se abra las puertas a un desistimiento de la acusación planteada contra Castillo y a un desprestigio del afán de la oposición derechista del Congreso que no tenía asidero suficiente.