Por: Juan Sheput – El Montonero

Cualquier tipo de análisis que se haga sobre el gobierno de Pedro Castillo tiene que partir de una base de desconfianza y, por supuesto, de ausencia de credibilidad. Autoridades que están cuestionadas por pertenecer a una organización criminal o estar acusadas de perpetrar una serie de ilícitos no pueden actuar de buena fe. Ese es el contexto en que se debe desarrollar cualquier reflexión referente al pedido de confianza del gabinete de Aníbal Torres.

Tampoco se debe llevar el debate al ámbito jurídico. Es muy importante establecer la premisa que este asunto es eminentemente político y el gobierno actúa con alevosía, pues cree que puede actuar como se le da la gana y los perjudicados, atacados miembros del parlamento no les van a responder.

El gobierno de Pedro Castillo –en su totalidad, pues no debemos excluir a ningún ministro– es consciente de que su destino es enfrentar a la justicia y padecer las penalidades que les señalen. Por tanto, no estamos en un periodo normal, en condiciones normales, para pretender utilizar los recursos constitucionales de la democracia únicamente. Se requiere también actuar políticamente, activando esos mismos recursos, pero en defensa del régimen. Se debe entender que este gobierno quiere forzar la derogatoria de las leyes que regulan el uso de referéndum para poder convocarlos y así, utilizando la simpleza del reducir todos los problemas a votar por un “sí” o un “no”, hacer los cambios que se requieran para quedarse más allá del 2026. Es lo que se hizo en Bolivia, es lo que se hizo en Nicaragua, es lo que inició la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela.

Por una cuestión de supervivencia un gobierno corrupto no puede dejar el poder bajo las normas democráticas. Utilizará herederos, delfines, afines, pero no dejará el poder. O buscará la reelección vía modificación de la Constitución. Por tanto, el Congreso debe actuar no pensando en su supervivencia sino en la defensa del Estado. Y eso pasa por declarar como improcedente el pedido de confianza de Pedro Castillo e iniciar en paralelo el camino de su destitución, así como la de Dina Boluarte. En el interín habrá una serie de enfrentamientos, pero el Congreso debe entender su rol histórico. Le tocó defender la democracia peruana. Censurar a Aníbal Torres o negarle la confianza cuando su pedido sea pertinente no debe generar ningún tipo de temor en la representación parlamentaria. Es lo que corresponde, así ese camino lleve a la convocatoria de elecciones generales.