Por: Roxana Ortiz A.

La corrupción es el primer inconveniente que tiene el país para desarrollarse, para tener un crecimiento equitativo y se cierren las brechas sociales. La Contraloría a través del Observatorio Nacional Anticorrupción ha elaborado el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), a través del cual se evalúa a las entidades estatales.

Entre los principales resultados obtenidos al momento, muestra que 9 de cada 10 entidades evaluadas presentan problemas de corrupción e inconducta funcional, es decir, han dado positivo para dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad. Además, 187 se encuentran en los niveles alto y muy alto.

Asimismo, muestra que los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones que son materia de impedimentos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, son los que presentan mayor problemática, mientras que a nivel de monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional, con un total estimado que asciende a los 10,5 mil millones de soles.

El INCO también señala que las entidades de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior tienen puntajes que alcanzan los niveles de alto y muy alto en dicho índice, mientras que las provincias que encabezan el ranking son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8).

Esta evaluación está referida a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión y estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por cada región y provincia, además de instituciones por nivel de gobierno; y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas.

Sus estimaciones se basan en los hallazgos del control gubernamental y fuentes de información oficiales de entidades como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El Contralor Nelson Shack destacó que el mayor valor del INCO es que permitirá hacer una radiografía sobre la situación de los riesgos de la corrupción y la inconducta funcional en el sector público. “Es la primera vez que hay un esfuerzo institucional, científico y sistematizado que no usa datos de percepción, sino datos puros de más de 10 bases de datos”, precisó.

Dijo que a medida que el Índice de Corrupción e Inconducta funcional se difunda, los titulares de las entidades no van a querer figurar “en rojo” y corregirán o perfeccionarán sus procesos de control.