–Redacción Diario El Pueblo–

Desde el nueve de diciembre las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en la región Apurímac, se han declarado en insurgencia popular con tres pedidos específicos: renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Tras la vacancia de expresidente Pedro Castillo se iniciaron los incidentes violentos cuando cerca de cuatro mil personas intentaron tomar el local del Ministerio Público en Andahuaylas.

De acuerdo a la información de la División Policial de esta provincia, hasta el día de ayer las protestas en Andahuaylas se intensificaron y los enfrentamientos dejaron como saldo dos policías secuestrados para exigir la liberación de otros dos ciudadanos detenidos.

Asimismo, se registraron al menos 21 heridos entre efectivos y manifestantes en el sector del puente Colonial, por la avenida José María Arguedas.

Tras las fuertes manifestaciones, avionetas con refuerzos policiales llegaron a Andahuaylas y los pobladores tomaron el Aeropuerto de Huancabamba quemando llantas y enfrentándose a la policía.

Ante ello, la Corporación peruana de aeropuertos y aviación comercial (Corpac) el día de hoy emitió un comunicado donde informó el cierre del aeropuerto en Andahuaylas, debido a los ataques y actos de vandalismo. Además, Corpac pidió ayuda de las autoridades para frenar la violencia.

«Solicitamos el apoyo y refuerzo a las autoridades competentes a la Policía Nacional del Perú, para poner a buen recaudo la vida de las personas que se encuentran en calidad de rehénes», se puede leer.

Horas más tarde, a causa de una bala perdida, un joven comunero perdió la vida este domingo 11 de diciembre y seguidamente se confirmó un segundo fallecido durante los enfrentamientos a raíz de la represión policial.

Debido a las fuertes manifestaciones, el Gobierno Regional de Apurímac, declaró en alerta amarilla el sector salud y anunció la suspensión de clases en toda la región para salvarguardar la vida e integridad de los estudiantes y personal docente de la zona.

Finalmente, las autoridades regionales manifestaron que respetan el derecho a la movilización dentro del marco legal y exigieron a los ciudadanos que no atenten contra la salud de las personas, sedes institucionales públicas y las propiedades privadas.