Por: Carlos Hakansson – El Montonero

El fallido golpe de Estado y aprobación de la vacancia dieron lugar a la aplicación del artículo 115 de la Constitución, la sucesión presidencial por impedimento permanente de su titular. La vicepresidenta asumió la jefatura de Estado el miércoles 7 de diciembre para luego nombrar un nuevo gabinete, el sábado 10 de diciembre. Un Consejo de Ministros con mejores cuadros en comparación con los cinco anteriores, liderado por la nueva titular del Ejecutivo que, pocos días antes, casi fuera inhabilitada en la vicepresidencia.

En estos momentos y de acuerdo con nuestra Constitución, las opiniones de políticos, periodistas y académicos sobre la necesidad de un adelanto de elecciones es posible sólo tras la renuncia presidencial aprobada por el Legislativo, para que el titular del Congreso asuma las riendas del Ejecutivo, convoque elecciones presidenciales y culmine con el mandato previsto hasta julio de 2026. Se trata de la solución ortodoxa prevista por el constituyente para una transición política.

Cabe recordar que la crisis de fines del 2000 dio lugar a sendas reformas legales y constitucionales que acortaron el mandato de ambos poderes para convocar nuevas elecciones generales, lideradas por un gobierno de transición. En este caso fue una solución heterodoxa; es decir, de naturaleza excepcional por no estar prevista en las disposiciones constitucionales.

La decisión se tomó la noche del domingo 11 de diciembre. La Presidenta de la República, en mensaje a la nación, anunció la voluntad de proponer al Congreso un adelanto de elecciones en el 2024, pero con previas reformas al sistema político. La propuesta fue resultado de optar por el punto medio entre los dos escenarios descritos. Una sucesión presidencial de año y medio de duración que brinde tiempo suficiente para realizar ajustes constitucionales y legales que preparen el proceso electoral.

La solución escogida debe resolver una crisis política que comienza en julio de 2016 con un Ejecutivo débil, con tres presidentes en menos de una semana, un gobierno de transición que condujo unas elecciones generales con el resultado de un Congreso integrado en su mayoría por parlamentarios sin experiencia; y en segunda vuelta, eligiendo al candidato presidencial menos preparado para ocupar el Ejecutivo. Un gobierno de Pedro Castillo que permaneció diecisiete meses en ejercicio, con cinco gabinetes, alrededor de ochenta ministros, y además con manifiesta incompetencia en la administración pública, sendas denuncias por actos de corrupción. Y que, en vez de aplicar un plan para mejorar los servicios públicos, la seguridad e infraestructura, se ocupó decididamente en el objetivo de convocar una asamblea constituyente.

Los políticos, académicos, periodistas y sociedad civil no pueden desconocer lo vivido en los últimos seis años: la coyuntura de inestabilidad política, corrupción de alto nivel, una renuncia presidencial, reformas constitucionales, disolución parlamentaria y reformas electorales nefastas que “canibalizaron” los comicios, con más de veinte candidatos presidenciales, la elección de un partido apologista del terrorismo, la carencia de gobernabilidad y una continua crispación entre los poderes estatales, con dos vacancias en dos años.

Todo lo anterior nos invita a reflexionar si lo conveniente es convocar elecciones generales o presionar al nuevo gabinete a que garantice una sensata conducción del país. La decisión fue una solución intermedia que demanda acciones inmediatas; por ejemplo, el Congreso actual, a pesar de su desprestigio, debe cumplir con su función de fiscalizar, comenzando por desaforar a “los niños” del hemiciclo y que juramenten los accesitarios. Asimismo, el gobierno debe retirar a los funcionarios nombrados mediante contrataciones irregulares.

El concurso de la prensa independiente y la organización ciudadana deben exigir reformas que corrijan lo desandado durante el vizcarrismo. No olvidar que el fondo de la crisis se circunscribe a los “antis” que condicionan el resultado de los procesos electorales, como bien subraya el politólogo Carlos Meléndez. Se trata primero de lograr calmar una “tormenta perfecta” que mucho daño produjo en nuestras instituciones, a la vez de preparar el camino hacia el reto de unas impecables elecciones generales en 2024.

Finalmente, es sabido que la Presidenta de la República asume el Ejecutivo con cuestionamientos surgidos desde la campaña electoral, sumados a una acusación por conflicto de intereses en ejercicio de la vicepresidencia. En este escenario, las acciones del nuevo gabinete deben garantizar un gobierno que rinda cuentas a la oposición y la Contraloría. En sus manos se deposita la tarea de reconducir el país con respeto a las disposiciones constitucionales y condicionar el refrendo ministerial a los actos presidenciales (artículo 120 CP).

Unas prontas elecciones generales demandan el concurso de los partidos más tradicionales, que deben superar sus diferencias internas y brindar un mínimo de formalidad al proceso electoral, y asegurar la competencia de sus candidatos presidenciales y congresales. De lo contrario será “jugarnos la rifa” otra vez. Y como sabemos, “a río revuelto, ganancia de pescadores”.