Por: Carlos Meneses

“La Policía, la Fuerza Armada y el gobierno deben cumplir con las disposiciones de la Constitución.”

Ha hecho mal el gobierno de Dina Boluarte en alentar la idea de que efectivos y licenciados de la Policía Nacional del Perú se confundan con sus familiares en las marchas por la paz, que se realizarán en todo el Perú, como forma de contrapesar las manifestaciones que en contra del gobierno puedan realizar los grupos afines a Castillo y a los propósitos que este tuvo de permanecer en el poder después del 7 de diciembre.

No puede politizarse la acción y presencia policial en un momento en que esta institución fundamental participa en misión pacificadora y garante del cumplimiento de normas en el Perú. Así como tampoco se podría justificar que la Fuerza Armada sea considerada parte de un proceso semejante.

Unos y otros tienen funciones y tareas que no se comprometen en aventuras de esta naturaleza. Por el contrario, tienen que mantenerse, necesariamente, al margen de lo transitorio que resulta ser el régimen surgido como consecuencia del error cometido por el señor Castillo.

El Perú quiere vivir dentro de un sistema constitucional con las garantías que supone para sus ciudadanos, la obediencia a la Constitución y a la ley. La ciudadanía quiere también que se acaten normas que así lo garanticen en cumplimiento de principios democráticos y de respeto a los resultados de un proceso electoral anterior.

Así las cosas, es conveniente hacer precisiones y despejar incógnitas para que todos sepan que en este país somos respetuosos de la Carta Magna que fija las condiciones que se deben cumplir necesariamente para que no haya duda alguna de que no pueden equivocarse las atribuciones de quienes están llamados a respetar la ley y los mandatos constitucionales.