Por: Luis Luján Cárdenas

Todo subió de precio en el 2022 y nuestro sueldo fue perdiendo valor adquisitivo. Registramos una inflación de 8.4%, la más alta en 26 años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Subieron los alimentos y bebidas, transporte y los combustibles. Aumentaron las tarifas de agua, electricidad, gas, alquiler de vivienda y demás bienes de servicio. El golpe ha sido muy duro y continuará en el 2023, según el Banco Mundial, que vaticina una inflación del 8.7% en promedio para los países de América Latina.

Gran parte de la clase media baja cayó en la pobreza; mientras que los pobres ahora son pobres extremos; y estos últimos, a su vez, viven en una dramática miseria. El impacto social es profundo, y ello explicaría el descontento y la convulsión, especialmente en el interior del país.

Ahora compramos menos porque nuestro sueldo se ha desvalorizado demasiado. Si ganamos, por ejemplo, 1,000 soles el año pasado, ahora se ha convertido realmente en algo más de 900 soles. Y a diciembre de este año, serían 800 soles de poder adquisitivo si continúa la tendencia. Ojo, no estamos considerando el impacto en nuestros 1,000 soles por la inflación del 2021, que fue de 6.4%. El Fondo Monetario Internacional pronostica que el 2023 será un año duro.

Así, las brechas sociales y la pobreza no solo aumentan en el Perú –y son los grandes desafíos y preocupación del actual gobierno– sino también en el mundo, a consecuencia de la pandemia del covid-19 y la nula resiliencia política y económica, el deterioro de los precios internacionales y la menor producción primaria, la recesión global, el conflicto Rusia-Ucrania, el descenso de la producción de alimentos y energía, las migraciones poblacionales, el déficit fiscal y la deuda pública, los desastres climáticos y el desequilibrio socioambiental, fundamentalmente.

En el caso del Perú, se hace imprescindible una política monetaria más agresiva para enfrentar esta inflación, a la par de mayor inversión pública y privada, aumento de la producción, incremento de la oferta laboral y de las remuneraciones, disminución de la informalidad y la evasión tributaria, mano dura contra la corrupción, incentivo del uso de energía limpias en el transporte, creación de nuevos programas sociales o fortalecimiento de los ya existentes, y fuerte impulso con créditos y promoción de la asociatividad del sector agroalimenticio.

No podemos tener en alta vulnerabilidad social a dos terceras partes de la población del país, mientras crece la incertidumbre y el pesimismo empresarial. Nuestro país –a Dios, gracias– posee todo lo necesario para vivir autosuficientemente. Es cuestión de inteligencia política, gobernanza pública amigable con el medioambiente, voluntad de cambio, mejor reparto de la riqueza nacional, justicia social y servicio a la nación.