Por: Nelson Shack – Contralor general de la República del Perú

Después de casi 20 años de vigencia de la Ley de Presupuesto Participativo en el Perú, este proceso social y económico se ha deteriorado significativamente.

Por ello, al iniciarse nuevas gestiones regionales y locales es prioritario emprender cambios sustanciales que garanticen efectividad a los mecanismos de participación ciudadana, pero, también, de rendición de cuentas de las autoridades, que contribuyan a recobrar nuestro tan golpeado Estado constitucional y democrático de derecho.

Ello demanda mayores esfuerzos de socialización y capacitación a los agentes participantes y a promover el diálogo y el compromiso político.

No debemos olvidar que el fortalecimiento de la democracia, la equidad social, la eficiencia económica y la sustentabilidad ambiental requiere indispensablemente de la participación ciudadana en los asuntos del Estado, que aporten a aumentar la capacidad resolutiva de la administración pública y mejorar la calidad de vida de las personas.

La discusión de iniciativas de inversión debe hacerse de manera trianual, con una mirada de mediano plazo y no, como ahora, en cada ejercicio fiscal individualmente. Esto permitirá, por ejemplo, que los proyectos en ejecución y los establecidos en el plan de gobierno de la autoridad no sean parte de la discusión de programación participativa, pues ellos deben concluirse y entrar en operación.

Pero antes de incorporar nuevas iniciativas es necesario lograr acuerdos sobre los proyectos que deben ser destrabados y continuados, ya que es mejor hacer menos proyectos que funcionen bien y cierren brechas de servicios que “elefantes blancos”.

Asimismo, en un contexto como el actual, de demandas sociales emergentes, se debe garantizar una adecuada representatividad de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero también incluyendo al sector privado.

Reitero, el éxito de un presupuesto participativo radica en la efectividad del cumplimiento de los acuerdos de inversión de los gobiernos regionales y locales, lo que implica fortalecer las competencias técnicas e institucionales de las unidades ejecutoras por intermedio de procesos de capacitación a los funcionarios responsables de la gestión de proyectos; y procesos de rendición de cuentas que reflejen cómo las autoridades están cumpliendo con las demandas ciudadanas contenidas en el presupuesto participativo.

Estos procesos debieran concretarse, por ejemplo, semestralmente y aprovechar las audiencias públicas que los gobiernos regionales y locales deben realizar cada mayo y noviembre.

Finalmente, los comités de vigilancia ciudadana tienen que disponer de los medios para fiscalizar.

Al respecto, el trabajo conjunto de estos comités con los consejeros y regidores, que desde este año tendrán una estrecha relación de trabajo con las Oficinas de Control Institucional de la Contraloría General de la República, así como con los procesos de vigilancia ciudadana por medio de nuestro programa Monitores Ciudadanos de Control, y el nuevo modelo de control concurrente, contribuirán a mejorar de modo significativo el desempeño en la ejecución de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo.