Por: Carlos Meneses

“La no injerencia extranjera es un derecho de cada pueblo libre y soberano. Así deben entenderlo quienes están preocupados en afanes contrarios a las determinaciones que significan aceptar los resultados de procesos electorales limpios y ajustados a las normas constitucionales vigentes en cada país.”

El gobierno del ex presidente Pedro Castillo se empeñó en colocar en cargos diplomáticos a gente identificada con las acciones de su régimen. Ahora, a sugerencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, se están haciendo modificaciones necesarias e indispensables como los casos de las embajadoras en Noruega y en Bolivia que han sido relevadas de sus funciones y sobre las cuales se habló mucho en el momento de sus respectivas designaciones. Además, han sido aceptadas las renuncias formuladas por el embajador peruano ante las Naciones Unidas, Rodríguez Cuadros y ante la OEA, Harold Forsyth.

No debe olvidarse que actualmente los embajadores peruanos en México, Colombia y Argentina han sido llamados en consulta a Lima por las posiciones asumidas por los respectivos gobiernos de López Obrador, Petro y Fernández, en defensa de la no injerencia extranjera en asuntos privados que corresponde resolver a los peruanos.

A la luz de los hechos, infelizmente, ocurridos en Brasil donde la fuerza armada respaldó al gobierno legítimo de Lula da Silva se ha frustrado un intento de golpe de Estado que en algún momento también amenazó a Perú, pero que la oportuna acción constitucionalista de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional desestabilizó los afanes golpistas del presidente Castillo.

La reacción de Estados Unidos, así como la de los países de la Unión Europea ha sido categórica y definitiva en favor de acatar la decisión de los pueblos que quieren ajustar su manera de vivir a formas adecuadas al sistema democrático y al respeto que merece el resultado de votaciones populares.