— Redacción Diario El Pueblo —

El pleno del Concejo de la Municipalidad Distrital de Yarabamba aprobó por unanimidad la “Declaratoria de Emergencia” por un plazo de 90 días, debido a las presuntas irregularidades y encontradas en las diversas dependencias que habrían generado perjuicio a la institución municipal.

El alcalde distrital de Yarabamba, Manuel Aco Linares, señaló que la Declaratoria en Emergencia a nivel administrativo permitirá organización de los equipos de trabajo, sistemas, recursos humanos y económicos, cuya finalidad es que la Municipalidad Distrital de Yarabamba mejore sus servicios en beneficio de la población, así como lograr los objetivos y metas de gestión.

Sin embargo, enfatizó que la Declaratoria de Emergencia no afectará el normal desarrollo de los trámites administrativos y ejecución de proyectos en marcha, empero, si permitirá reestructurar y reorganizar íntegramente la comuna distrital.

El edil yarabambino adelantó que a través de un cabildo abierto que se realizará en las siguientes semanas, se informará a la población los detalles de la situación crítica por la que atraviesa la municipalidad.

Mientras tanto, se viene aplicando un plan de trabajo para reorganizar integralmente la comuna distrital.

Por otro lado, los regidores que integran el Pleno de Concejo: José Luna Zapana, Alida Tito Soto, Zenón Cruz Hidalgo, Johan Condori Cabrera y Rosa Morón Loayza, manifestaron que durante la primera semana de gestión al frente de la comuna recibieron quejas de los vecinos respecto a las obras inconclusas y mal ejecutadas.

En ese sentido, Aco Linares sostuvo que durante esta semana visitará los diversos anexos del distrito junto al equipo técnico de la Municipalidad para determinar las soluciones inmediatas y empezar a priorizar los proyectos a ejecutar.

Finalmente, siendo la primera sesión dejó en claro que la gestión 2023-2026 priorizará la ejecución de proyectos que permita mejorar la calidad de vida de todos los yarabambinos en saneamiento, vías, salud y educación además de incidir en la formalización de los pueblos jóvenes para que accedan a inversión pública.