Rohel Sánchez asume presidencia de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
Por: Dany La Torre

“Tenemos que fortalecer la institucionalidad y la democracia para garantizar una auténtica descentralización”, señaló el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, luego de haber sido juramentado como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para el periodo 2023.

PIDIÓ INVESTIGAR MUERTES EN PUNO

Durante su discurso, la autoridad instó a sus similares a priorizar la educación, la salud y la seguridad pública a fin de garantizar un adecuado proceso de reactivación económica. En ese sentido, remarcó la necesidad de liderazgo dentro de cada gobierno regional a fin de obtener resultados favorables para un desarrollo integral en el país.

“Necesitamos una educación de calidad, inclusiva y equitativa en todos los niveles, sobre todo en la educación tecnológica (…) en salud tenemos que invertir el primer nivel para garantizar que la salud llegue en forma oportuna y a tiempo, también es nuestra obligación de liderar la seguridad pública”, agregó.

Asimismo, Sánchez refirió que la tarea de las nuevas autoridades en el país es buscar el desarrollo de los proyectos productivos, de emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Para ello, hizo un llamado al Ejecutivo central, instando a que se descentralicen las competencias de los diferentes ministerios. Recordó que, en muchos casos, este aspecto significa la existencia de diversas trabas burocráticas.

“No queremos que los gobiernos regionales estemos supeditados a que nuestras decisiones pasen por alguna decisión de quien no tiene expertiz, conocimiento y la mirada como nosotros sí lo vivimos día a día (…) Tenemos que garantizar la verdadera inversión pública y en proyectos que no solo atiendan las necesidades de la región, sino que hay que trabajar mancomunidades del norte, centro, oriente y sur para poder articular desarrollo integral”, dijo.

Del mismo modo, exhortó a los congresistas de la República a trabajar en bien del país y de forma articulada con sus respectivas regiones. Sánchez dejó entrever que muchos parlamentarios ‘no están conectados con la realidad de las regiones, por lo que tienen una baja aprobación. “En Arequipa el nivel de aprobación de los congresistas es del 6%”, refirió.

Además, el nuevo presidente de la ANGR invitó al sector privado responsable a formar parte de este trabajo responsable, indicando que las inversiones ‘siempre serán bienvenidas cuidando el medioambiente’. Respecto al fortalecimiento de la institucionalidad, instó a sus similares a trabajar de forma transparente respecto al uso de los recursos públicos.

“El flagelo de la corrupción nos absorbe día a día y transparentar es generar confianza, la población debe confiar en sus líderes y a partir de ello podemos construir consensos, eso necesitamos en el Perú. No debe darse de forma unilateral, arbitraria, sino buscando que el centro de nuestras decisiones sea el desarrollo humano”, señaló

CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA

En otro momento, Sánchez se pronunció respecto a los últimos hechos de violencia registrados en la región de Puno y exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación profunda y severa, indicando que ‘la impunidad no fortalece la democracia’.

“Ninguna acción justifica la pérdida de una vida humana. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro ser y, por lo tanto, corresponde que a nosotros como gobernadores, levantar nuestra voz y exigir a las autoridades y a la Fiscalía una investigación profunda y severa, a su vez el Poder Judicial debe actuar en el marco de la ley aplicando la legalidad”, dijo Sánchez.

Cabe señalar que, ayer en horas de la tarde, la ANGR emitió un pronunciamiento público condenando las muertes sucedidas en Puno y reiterando la necesidad de un adelanto de elecciones generales inmediatas como solución a la crisis que vive el país. Además, se exhorta a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica sin caer en la provocación de grupos violentistas.

“Asimismo, pedimos la sanción de quienes han cometido actos vandálicos contra la infraestructura pública y privada, que el peso de la ley recaiga sobre sus acciones, respetando el debido proceso y los derechos humanos”, se lee en el pronunciamiento

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