— Redacción Diario El Pueblo —

La violencia ocurrida en Perú durante las marchas de protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos hechos, concluyeron, fueron provocados por los efectivos del orden como por los manifestantes que se enfrentaron semanas atrás y que dieron como resultado muertos y heridos de gravedad.

Edgar Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, informó al consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos de sus hallazgos durante la visita que realizó desde el 11 al 13 de este mes.

“Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos”, sostuvo Stuardo Ralón.

La tensa calma en Perú se terminó por quebrar el 7 de diciembre del año pasado cuando Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado, fue detenido por intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción. Inmediatamente, y de acuerdo con la sucesión constitucional, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia de la Nación.

Desde entonces, señaló el comisionado, los hechos de violencia se han ido incrementando y han fallecido al menos 47 personas, entre ellas siete adolescentes, además de haber dejado más de 700 heridos, según la CIDH.

El relator de la CIDH pidió al Ejecutivo peruano que lleve a cabo “investigaciones serias e imparciales” sobre estas muertes, y exigió a las fuerzas de seguridad peruanas que cuando intervengan en las protestas lo hagan con “legalidad y proporcionalidad”.

Asimismo, indicó que la violencia no es parte del derecho de protesta, y pidió que las manifestaciones se hagan de manera pacífica y subrayó que se debe evitar etiquetar a los ciudadanos que protestan y que son de origen aymara de terroristas o indios.

Para Stuardo Ralón para salvar la crisis es necesario un diálogo amplio con respeto a los derechos humanos escuchando a todas las voces sin distinción.

Ralón identificó como origen de la larga crisis política que vive el país algunos preceptos constitucionales como la capacidad del Congreso para destituir al presidente y el poder del presidente para disolver el Congreso, los cuales pidió que sean reformados

LA RESPUESTA

Paul Fernando Duclos, representante del Gobierno peruano, aseguró, después de escuchar el informe, que las muertes ocurridas están bajo investigación por las autoridades correspondientes y para reiteró que Perú tiene un compromiso permanente con la protección de los derechos humanos.

Duclos reconoció que el país mantiene una deuda histórica con sectores de la población marginados por años, pero a la vez denunció que dentro de las protestas hay personas asociadas al crimen organizado con un deliberado propósito de destrucción.