Por: Erika Romero D.

Cuando el eslabón de una cadena se debilita, esta se rompe. Lo mismo ocurre con los derechos fundamentales de una persona, basta que un derecho se vulnere para que el ciudadano quede a merced de abusos. Eso le ha sucedido a una paciente de la Red Asistencial de Arequipa que recurrió a la Corte Superior de Justicia de Arequipa para que un juez detenga el atropello que sufría.

CASO SE VENTILA EN CORTE DE AREQUIPA

La jueza del Juzgado Especializado Constitucional, Karina Apaza del Carpio recordó al establecimiento hospitalario que el diagnóstico y tratamiento oportuno de una dolencia es un derecho inherente al ser humano.

El camino que le ha tocado transitar a la asegurada de 51 años no ha sido sencillo, su calvario empezó en julio de 2018, desde esa fecha ingresó varias veces a emergencia requiriendo atención médica que alivie su malestar.

En setiembre de ese año el primer pronóstico médico suponía que padecía de una deficiencia vitamínica, pero no pudieron determinar con certeza qué ocasionaba su padecimiento.

Completamente indispuesta por los malestares registra un nuevo ingreso a un centro hospitalario privado, ahí los médicos, después de evaluarla clínicamente decidieron que debía aplicársele 4 frascos de rituximab. Minutos después de recibir la dosis prescrita, sus dolencias empezaron a desaparecer.

La mujer sufrió un episodio más que la llevó de nuevo a emergencias de EsSalud, la orden médica fue aplicársele rituximab cada 15 días y el médico que la atendió solicitó se convoque a una junta médica.

Para noviembre de ese mismo año, asistió a su control médico por consulta externa con los mismos síntomas, esta vez no recibió rituximab, la medicina que la aliviaba, y se consignó la urgencia de realizar una junta médica porque había riesgo médico. Así transcurrió el 2019 sin que en EsSalud pudieran dar con el origen de su malestar. Hasta mayo de 2021 no se había reunido la junta médica que se requirió en noviembre de 2018.

La falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno señala la Defensoría del Pueblo, complica la salud de un paciente, esto es una violación del derecho a la salud en conexidad con la vida y la integridad personal.

Ante la ausencia de cumplimiento de los pedidos de realización de una junta médica se envió una solicitud para que se reúnan lo más pronto posible para continuar con la medicación del rituximab, con ese documento se adjuntó el informe médico de la

clínica particular que lo atendió.