Por: Miguel A. Rdoríguez Mackay – El Montonero

Después de definirse como una mujer de izquierda, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, debería contar con el apoyo del poder político latinoamericano, dominado en estos tiempos por gobiernos de izquierda. Eso debió asegurarle un camino sin los sobresaltos que hoy afronta para concluir el mandato en el 2026, como está establecido claramente en la Constitución Política del Perú. Era lógico que los mandatarios de la región –Boluarte no solo conoció y trató a algunos de ellos, los de la Subregión Andina, principalmente, sino que tejió por sus propios méritos, una vinculación, diría yo, con manifestaciones de afectividades recíprocas relevantes- debieron haber cerrado filas con la presidenta peruana; pero eso, sorprendentemente, no ha sido así.

¿Qué ha sucedido para que los jefes de Estado de México, Colombia, Bolivia, Chile y últimamente, Honduras –Argentina también inicialmente, pero en el camino atenuó su posición–, sin ningún reparo ni preocupación por la discreción que exige el respeto irrestricto del principio de “no intervención”, que supone la prohibición para un Estado de inmiscuirse en los asuntos internos de otro, ahora la consideren expresa o tácitamente una usurpadora de la presidencia del Perú? ¿Por qué no se ha hecho nada estratégicamente relevante para frenar la narrativa internacional en su contra, que cada vez gana más mandatarios adeptos para desconocerla como presidenta, dejándola gravemente sin piso en el marco de la política internacional latinoamericana?

Jamás me echaré tierra en los ojos para escribir mis columnas, por lo que no puedo desconocer que esta creciente postura y actitud continentales para no dar el lugar que corresponde a Dina Boluarte como la primera presidenta de la República en la historia del Perú –técnicamente se espera el reconocimiento efectivo de su gobierno conforme el derecho internacional– la está llevando progresivamente hacia el inexorable camino de su deslegitimación internacional. ¿Será que el supuesto giro político hacia la derecha que le imputan sus detractores, que hasta la consideran traidora, sea la causa principal por la cual los gobernantes de la región han decidido darle la espalda?

En política interna o internacional el ensañamiento es una práctica vetada; pero bien que se da. Dina Boluarte, por su altísima condición de presidenta de la República, no ha podido librarse de ser percibida como una piñata, sobre todo por los sectores más radicales o recalcitrantes de nuestro país, que no es un secreto que lo sean los de la izquierda radical. Hoy son los radicales de la izquierda peruana los que han producido la narrativa del desdén hacia la presidenta peruana, y ese discurso ha sido exportado eficazmente hacia los países de la región.

La dificilísima situación que enfrenta Dina Boluarte, ha llevado a que las indiscutibles virtudes de constitucionalidad y legalidad que recibió para su ungimiento como mandataria de la nación peruana, comiencen a evaporarse produciendo la consecuencia que pocos quieren, comenzando por el suscrito. Es decir, la afirmación de su referida deslegitimación pues dicho sello casi como epitafio, será el inexorable camino hacia su tumba política.

A estas alturas de la tensa coyuntura político-social que vive el país, Boluarte y sus asesores más cercanos, que incluye al presidente del Consejo de ministros y a la canciller de la República, deben estar arrepintiéndose de su parsimonia en el frente interno, sin siquiera percatarse de sus letales efectos en el ámbito internacional. Las vulnerabilidades de Boluarte van atadas al impedimento para salir del país que, como estratégico óbice, han construido sus enemigos políticos que solo quieren de ella su inmediata defenestración política, anclándola para evitar que su figura pudiera exponerse como corresponde a todo jefe de Estado ante la comunidad internacional.

Considerando el tamaño de la crisis peruana, el frente internacional debió ser el escudo protector de Dina Boluarte y más bien se convirtió en el blanco al que gobernantes de nuestra región han apuntado fino como hemos visto recientemente en el marco de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe – CELAC, desarrollada en Buenos Aires.

Mirando la vulnerabilidad internacional en que se encuentra la presidenta peruana, ha sido fatal que en el frente interno pida una tregua nacional. A pesar de las protestas en diversas partes del país, solamente anunciarla –normalmente la piden quienes se encuentran en una posición de inminente rendición o de inexorable vulnerabilidad– la sigue sumergiendo en un hoyo que parece cada vez más profundo y del que salir será para ella misma más difícil.

Creo en la gobernabilidad base para asegurar la estabilidad, como el único escenario para propiciar que los pasos que siguen en la vida política del Perú sean reconocidos como legítimos, pero haber soltado un pedido de esa naturaleza, casi como un manotazo de ahogado, no ayudará en nada a su fortalecimiento en el frente internacional. Eso ha pasado porque la mandataria no fue advertida del correlato que debe haber entre la política interna y la política exterior pues como bien decía el eminente embajador y excanciller de la República, Carlos García Bedoya, la primera es partera de la segunda, por lo que ésta jamás se entiende sin aquella.

Si algunos asesores presidenciales creyeron que los reconocimientos de los gobiernos de la región son irrelevantes en peso y gravitación específicos en relación al que reviste Estados Unidos de América como hegemón, es bueno recordar el realismo político mundial que, sin desconocer la fuerza política de Washington, no debería ignorarse de que su preocupación por no perder espacios de influencia en Latinoamérica, que los chinos como perfectos cazadores, buscan a cualquier precio ganar, ha relativizado su poder de reconocimiento político. Y subrayo que no me refiero ni por asomo, al poder real que Estados Unidos conserva intacto. Hoy, con una región cada vez más proclive a la ideologización política, es evidente que la sumatoria de reconocimientos políticos, independientemente de las dimensiones de su poder, jugará su partido a la hora de determinar la existencia o no de gobiernos como el de Boluarte.

Muchas cosas han venido fallando en la política exterior del Perú desde que todo cambió en nuestro destino político el 7 de diciembre de 2022 al producirse la ruptura del régimen democrático por el expresidente Pedro Castillo que produjo un autogolpe de Estado, aunque sea por breve lapso. La primera y más grave es que no hubo un libreto único y potente para que el país se valiera de sus embajadas, representaciones permanentes ante las organizaciones y organismos internacionales y hasta de sus consulados -que son las representaciones administrativas de un Estado en otro-, para decirle a la comunidad subregional, regional, hemisférica y mundial exactamente qué es lo que sucedió en la vida política nacional, lo que debía incluir una detallada explicación de la denominada sucesión del mandato presidencial consagrada en la Constitución Política de 1993.

Pudo y más el discurso del complot contra el exmandatario Castillo y por esa razón surgieron las declaraciones sistemáticas de los presidentes de la región pasando por encima del referido principio de No intervención del derecho internacional. Nuestras misiones diplomáticas, ajenas y desconectadas de la realidad, -recientemente vimos como el cesado embajador del Perú en España, Oscar Maúrtua de Romaña, sorprendido por un grupo de manifestantes en el marco de un evento académico en el que protestaban en contra del gobierno de la presidenta Boluarte, concentraba su máxima atención en la presentación de un libro antes que en construir una estrategia de neutralización de las crecientes protestas de peruanos y extranjeros en España y en otras partes de Europa, y que afectaban, como que lo siguen haciendo, en la imagen internacional del Perú.

La creciente oposición de los gobiernos de la región al régimen democrático y constitucional de Dina Boluarte ha mostrado una actitud reactiva de la cancillería peruana que terminó adoptando una postura hepática ajena a la tradicional actitud empática de Torre Tagle. En efecto, decidiendo el envío de notas de protestas al por mayor -cumplen su cometido en un momento pertinente- para neutralizar las intromisiones de otros Estados en los asuntos internos del Perú, y con ello, la llamada en consulta y luego, el retiro de nuestros embajadores en aquellos países extralimitados, a los que hay que agregar la ligereza de proceder a activar el recurso de la declaratoria de persona non grata, en la errada idea de acabar con las crecientes violaciones del principio de No intervención.

No se ha hecho el denominado trabajo diplomático efectivo que casi siempre es en silencio y hasta en secreto para llegar a remover las conciencias de los actores relevantes de los Estados concernidos a nuestros intereses. Ya completamente dominados por la narrativa errada acerca del Perú por los gobernantes de nuestra región, ni siquiera decidieron que la presidenta Boluarte, en inmejorable circunstancia, dirigiera un mensaje a sus homólogos en el marco de la CELAC, como sí lo hizo, en cambio, Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Insólita e inexplicablemente la mandataria se dirigió al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos – OEA, siendo escuchada por los representantes político-diplomáticos de los países miembros del más antiguo foro político del mundo, como es el caso de la OEA. Una cosa de locos que no se entiende por qué se optó al revés pues el escenario del Consejo Permanente era el idóneo para la canciller del Perú y el de la CELAC para la presidenta Constitucional de la República. ¿Alguien podría explicar esta incoherencia que desnuda la completa ausencia de estrategia en nuestra política internacional?.

Ahora, podrán comprender, estimados lectores, por qué razón los escenarios para la presidenta Dina Boluarte, a quien seguiré responsablemente empoderando porque creo en la gobernabilidad y la institucionalidad democráticas que aprendí de mis maestros en Torre Tagle y en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en realidad, dominada por el hermetismo que le produce hallarse injustamente y por ineptitudes diplomáticas imperdonables, en caída libre su legitimación internacional. A ello se suma la comprensible perturbación que no puede evadir por la denuncia que le ha sido imputada, junto a otras autoridades gubernamentales, por la comisión de delitos tipificados de lesa humanidad, que ya sabemos que son per se de naturaleza imprescriptible. No se augura lo mejor para ella ni para el Perú.