— Redacción Diario El Pueblo —

La jueza constitucional, Karina Apaza del Carpio, detuvo el despido de 228 servidores CAS que se dio a conocer el 31 de enero en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), a propósito de una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del 25 de ese mes. La secretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Base Arequipa, Marlene Huaranca Tejada, aseguró que también les han dado una medida cautelar.

Una medida cautelar es una suerte de protección que evita la afectación de un derecho, en este caso, se va a retrotraer todos los actos hasta la etapa anterior a la fecha de cese laboral. Con esto los 288 pueden retornar a su centro de trabajo.

La demanda presentada por la sindicalista fue admitida a trámite, el 31 de enero. Las partes en el litigio explicarán sus puntos de vista en una sola audiencia con la finalidad de evitar que se vulnere los derechos de los sujetos procesales. De acuerdo con el Nuevo Código Procesal Constitucional el juzgado no puede analizar si el escrito presentado cumple con los requisitos exigidos. Esto hace al juicio más expeditivo y rápido en su resolución.

En atención a lo explicado, la jueza dispuso que se cree el enlace virtual, porque ese juzgado no tiene una sala de audiencias, para la realización de la audiencia judicial que se ha programado para el 14 de marzo de este año a las 09:00 horas.

Los trabajadores afectados con la disposición del Consejo Ejecutivo, según señaló Huaranca, pidieron, oportunamente, en un proceso administrativo que se reevalúe la medida y si no prosperaba o les era rechazada acudirían, sin duda, al Poder Judicial.

LA REACCIÓN

Por su parte, el presidente de la CSJA, César de la Cuba Chirinos, se mostró solidario con los 228 servidores judiciales que se quedaron sin trabajo y declaró que convocarían concursos públicos para que cubrir las plazas vacantes. Sin embargo, trascendió que la existencia de una medida cautelar no se lo permitiría.

El magistrado manifestó que están asumiendo todas las medidas necesarias para minimizar los efectos del despido y reconoció que esta situación reduce la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales, especialmente del Sistema Especializado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y por tanto la capacidad de respuesta a los requerimientos de justicia.

“Se está identificando a los empleados judiciales a quienes se está suspendiendo el período vacacional para atender los expedientes urgentes como procesos con detenidos, violencia familiar y otros altamente vulnerables”, sostuvo de la Cuba Chirinos.