Por: Alejandro Paz

El sociólogo alemán Mannheim, ante la realidad de los valores, expone: “Ni la tolerancia democrática ni la objetividad científica significan que debamos abstenernos de tomar posiciones firmes ante lo que creemos verdadero, o que debamos evitar la discusión sobre los fines y los valores últimos de la vida.” De ahí la necesidad social de “llegar a un acuerdo sobre algunos valores básicos, aceptables…”. Mannheim llama a esos valores “normas objetivas” y a la vez “creaciones sociales”, porque, para él, las normas sociales objetivas no son nunca permanentes, ya que no existe nada fuera de la historia. Gómez-Pérez (1975).

Para gobernar se requiere convicción, compromiso, lealtad al pueblo, voluntad de procurar acuerdos sociales, firmeza, decisión, entre otros atributos y atribuciones para el bien obrar. En un escenario como el actual, en el que violentistas, demandan al ejecutivo, presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial, renuncien, no puede considerarse como un clamor generalizado y popular. Dar pleno oído y replicar lo mismo, es sinónimo de falta de convicción propia de que eso es extremista, pero para no quedar mal con unos electores, se deja de lado valores y se someten por temor al decir de la turba. Ese proceder hace daño a la democracia y a la estabilidad de cualquier gobierno.

Este gobierno es de “transición”, y así lo debe haber entendido ya sin duda alguna el ejecutivo. Que su misión es plasmar prontas elecciones para presidente y vicepresidentes, sumado elecciones para renovar totalmente a los representantes al Congreso.

Aquél discurso inicial de la presidenta, en sucesión de Castillo, de tener un mandato hasta el 26 (28) de julio de 2026 ha quedado atrás y “esa voluntad” ha sido revocada ipso facto por la gran mayoría de peruanos, que ahora sí se puede afirmar como una voluntad innegable vigente. Reitero, no queda duda al respecto.

Por su propia incompetencia, pobres valores y reducidos principios de representación popular, el Congreso como tal que comprende en genérico a todos los congresistas, ha perdido legitimidad por su actuar morboso y dilucidado afán de aferrarse al poder y de los beneficios que éste conlleva. Pues aquello que se concibió como esperanza para trabajar por mejor futuro, hoy es un inminente deseado aborto como único remedio democrático para salvar la vida del país.

La negativa de adelanto de elecciones para el 2023 por parte del Congreso merece nuestro total rechazo, y como ya lo señaláramos, si realmente hubiese existido esa voluntad, desde su primer acuerdo debió aprobarse todo un ordenamiento legal para su inmediata implementación; y no dejar la ventana entreabierta para hacer ingresar modificaciones a su antojo y repudiable interés, que traen consigo aumento de inseguridad generalizada, producto de su incompetencia, que ya alcanza a crisis económica en perjuicio del país.

Serán tal vez otros apetitos que les conlleva a este inaceptable proceder. Al parecer, sí. Unos están reconformando sus organizaciones políticas, tramando sus candidaturas; otros ya están viajando al mal concebido y ninguneado “interior del país” con similares propósitos; tramitando autorizaciones judiciales, convocando a sus bases, a notables de la región, no importa quiénes, sino que se les garantice un caudal electoral; ya se ven en el partidor. Y se olvidan de lo más importante, necesitamos de un gobierno estable ahora, aun cuando sea de transición.

Para llegar a próximas elecciones, no se puede gobernar con gestos políticos sustantivos, como refería lírica y agónicamente quien fuera jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, Raúl Molina, no se puede gobernar con mensajes subliminales. En estas circunstancias se propone el consenso, por medio del diálogo, facilitadores o mediadores, con una cara visible, no con fantasmas tras bambalina. Además, con los decaídos representantes del pueblo, los congresistas. Qué paradoja, dialogar con los deslegitimizados. Así es la democracia señores.

Debe el ejecutivo, entonces, adoptar firmes decisiones para devolver el orden y la tranquilidad públicas, garantizar que se lleven a cabo en el menor tiempo posible, elecciones generales que comprende la de presidente, vicepresidentes y congresistas. Habrá errores y/o excesos como los ha habido, mas ellos se juzgarán terminadas las investigaciones que correspondan. No cabe pretexto alguno. Despojarse de opinólogos insensatos, encubiertos defensores de derechos humanos de delincuentes, políticos acusadores de muertes, cuando el país ahora demanda pacificarse y no permitir actos que conlleven a más violencia y enfrentamiento entre peruanos. Se necesita de ejecución de programas sociales, desarrollo de infraestructura, reforma del aparato estatal, limitaciones al centralismo, autonomía regional. Hay mucho por hacer, no es hora de otros protagonismos y seguir detenidos en medio de la barbarie y la insana protesta. Cualquier otro interés queda descartado.