Por: Alejandro Paz S.

«Reportan 7 policías fallecidos durante emboscada terrorista en el Vraem. El atentado ocurrido alrededor de las 9:45 a.m., de ayer sábado, se produjo mientras efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales de la PNP transitaban por la zona que dirige Víctor Quispe Palomino, camarada “José”, quien opera en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro; difunden diversos cables de noticias.

Según La República, los narcoterroristas del Militarizado Partido Comunista del Perú dispararon al conductor de la camioneta de placa EPF02 para que pierda el control, y posteriormente, atacar a los policías que estaban en la parte posterior.”

Y aún siguen las manifestaciones en diversas ciudades del país, Lima, Puno, Juliaca, Cusco y otras, desde que se reiniciaron el cuatro de enero del presente año.

Políticos, voceros de organizaciones pro derechos humanos y otros arribistas, han demandado al Gobierno diálogo con los manifestantes, y no había cara visible alguna. Hace algunos días han aparecido públicamente dirigentes, ya conocidos en algunas ciudades, que ha tenido vínculos con Sendero Luminoso e inclusive han purgado condena por delito de terrorismo. Se ha hablado en medios de comunicación y uno que otro analista político ha manifestado que detrás de las manifestaciones y actos violentistas está la minería ilegal, el narcotráfico, el narcoterrorismo y ahora, se dirá, el terrorismo. Entonces, con quién se dialoga?.

Sin embargo, más allá de restablecer el orden, se está evidenciando que quien está detrás de violentas manifestaciones, toma de aeropuertos, ataques a instituciones públicas y miembros de la Policía Nacional, no son pacifistas disconformes con el Gobierno, sino que ello responde a actividades políticas de los llamados remanentes de Sendero Luminoso.

Tenemos de lado un Poder Legislativo que por su propio actuar ha perdido legitimidad como tal y nada sensato se espera de su misión. Un Poder Ejecutivo que al parecer hace esfuerzos para restablecer el orden público, pero pareciera que solo es para la fotografía, pues no se puede mandar a controlar violentistas con escudos, varas y gases lacrimógenos.

La respuesta debe ser firme, ya que más allá de una confrontación de ideas que se pueden exponer y debatir en un foro aun cuando sea con extremistas o ultraderechistas o simples advenedizos sin conciencia social alguna, nos encontramos ya ante un nuevo enfrentamiento subversivo que atenta contra la estabilidad del país, del llamado estado de derecho, del derecho a la seguridad y a vivir pacíficamente.

La tolerancia tiene límites, no incurrir en el error del gobierno de Belaúnde de los ochenta que, habiéndose capturado a miembros de Sendero Luminoso, se les dio libertad y no se tuvo la perspicacia de avizorar los efectos negativos de sus acciones. Se hace así un llamado a una inmediata reacción política y social del Gobierno, que se evidencie en que nuestro Estado respeta el orden social y tiene la atribución y responsabilidad de garantizarlo.

No esperemos reacción inmediata del Congreso, como de sus congresistas Montoya (ex marino) o Quito, Agüero y otros, que están complacidos con quedarse hasta julio del 2026 y dar la espalda a la gran mayoría de ciudadanos en su petitorio de adelanto de elecciones. No esperemos comunicado de alguna Comisión de Derechos Humanos o de Verónica Mendoza y satélites, las ONG, o de activistas pro derechos humanos, pues para ellos los derechos humanos no son para policías ni soldados de las fuerzas armadas.

Con la matanza de siete policías en el Vraem, la actitud del Gobierno debe ser frontal y evitar distracciones de manifestantes en ciudades y toma de vías de comunicación. El Gobierno no debe confabularse de lo hecho por Castillo cuando implementó el “Pacto ciudadano” entre Devida y cocaleros para la erradicación voluntaria de cultivos ilegales de la hoja coca y que flexibilizó la lucha contra el narcotráfico, como lo explica Nicolás Zevallos del Instituto de Criminología.

El país ya sufrió décadas y pérdidas irreparables por y con el terrorismo. Los gobiernos de derecha o llamados de centro, han hecho casi nada por acortar las ausencias de infraestructura en todos sus niveles en las comunidades más alejadas del país, que coincidentemente es una población del campo o rural. El centralismo de Lima, la Capital y el Callao, sigue imperando y se desarrollan ignorando al resto del país. Las regiones que algo han avanzado se ha materializado por gestión propia de sus autoridades, e infinidad de veces ninguneados y maltratados en oficinas de ministerios, cuyas sedes están todas en Lima.

Ese actuar en manifestaciones violentas, más allá que se diga que es organizada y secundada por gente pagada, es de entera responsabilidad de los políticos de la capital y de los que llegan a ella, que usan anteojeras de équido que no les permite ver cuán grande es el Perú y las necesidades de ese “Perú profundo” mostrado por José María Arguedas, que es de subdesarrollo del siglo pasado. La modernidad es Lima y de contados distritos de algunas ciudades del interior, que aun así dista en desarrollo de otras como en Colombia, Argentina, por citar algunos países cercanos, Más parece una taberna lúdica, alucinada, alejada de la realidad nacional.

Se vislumbra el paso de la manifestación pública a la emboscada del terrorismo, que ahora queda develado?. El Ministro del Interior como el de Defensa se han quedado en Lima, y con un comunicado en redes sociales lamentan las pérdidas humanas. Ministros, levántense de sus escritorios y vayan al Vraem, demuestren liderazgo y verdadera solidaridad con quienes permanecen y luchan en esa zona. Ustedes son responsables de restablecer el orden y procurar la tranquilidad pública, si bien es un deber de la presidenta Boluarte, son sus ministros los obligados a estar al frente ahora. El país lo demanda, la omisión es perniciosa la acción es de decisiones férreas y de convicción en defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado.