En el sur del Perú predomina el empleo vulnerable
Por: Martín Taype – El Montonero
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 60% de trabajadores en Apurímac, Cusco, Ayacucho y Puno están en condición de vulnerabilidad. Este empleo vulnerable implica que son trabajadores que laboran por su cuenta o incluso que son trabajadores familiares no remunerados. Solo en Apurímac y Cusco esta condición de vulnerabilidad alcanza el 69.1%, es decir, afecta a cerca de siete de cada 10 trabajadores de la región. Asimismo, en Ayacucho y Puno la tasa de empleo vulnerable llega al 61.4% y 61.3% respectivamente, cuando a nivel nacional el promedio es de 49.2%.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indica que en estas regiones del sur la informalidad es elevada, con una tasa promedio de 83.1%. En Puno incluso llega a afectar a nueve de cada 10 empleados. El ingreso promedio de un empleado en las regiones del sur, teniendo en cuenta a formales e informales, es de S/ 1,153 al mes. Si contamos solo los informales el sueldo que reciben normalmente bordea los S/ 835. Además, en Puno el sueldo de los informales es mucho más bajo, con un promedio de S/ 635 mensuales.
Sobre esta información, debo expresar mi preocupación por la vulnerabilidad del empleo en el país y en especial en las regiones del Sur, siendo esta situación insostenible. Es indudable que el Covid-19 ha influido en el incremento de la informalidad y la precariedad del empleo en nuestro país; pero también hay responsabilidad en el manejo eficiente y eficaz de los recursos por parte del Estado y los Gobiernos Regionales y locales durante largas décadas. Crecimiento económico no implica necesariamente desarrollo económico.
También las tensiones militares internacionales, como el conflicto en Ucrania, han encarecido los cereales, fertilizantes, gas, petróleo, entre otros, dado que los países involucrados son los mayores productores mundiales, lo cual ha ocasionado un alza generalizada de los precios de los productos de primera necesidad. Por ello el gobierno actual y las entidades públicas y privadas, respetando el marco constitucional y la estabilidad macroeconómica, deben promover y liderar un cambio en el manejo de nuestra nación, bajo un enfoque organizacional, como lo planteo en mi artículo “Cambio Organizacional: Soporte de Competitividad”.