Por: Carlos Meneses

“La segunda legislatura del año 2022 deberá ser convocada en los próximos días y tendrá como motivo fundamental el poder realizar elecciones adelantadas en el 2024”.

En los últimos días de febrero debe ser convocada a legislatura extraordinaria la última que corresponde al año 2022 y en la que la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, debe fijar nuevo plazo para un adelanto de elecciones que se realizaría en el año 2024 y que no ser aprobada solo haría posible el cambio de gobierno para el 2026.

Hay, evidentemente, muchos intereses en juego. Lo malo es que todos sean destinados a favorecer beneficios particulares y no al deseo de satisfacer la demanda nacional de cambiar autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso de la República.

Se cumpliría, en este último caso con el mandato que establece que la duración de un régimen de gobernantes dura 5 años y no como se ha demandado, por conveniencias políticas, en el más corto plazo posible.

La Comisión de Constitución, que verá el tema, deberá resolver, si el tiempo lo permite, reformas que son reclamadas y que están referidas a la bicameralidad, garantías procesales de aplicación inmediata y hasta la posibilidad de una consulta ciudadana referida a una Nueva Constitución.

Lo cierto es que la mayoría de quienes han participado de las últimas aventuras en la política peruana han buscado el resultado que hoy tenemos y evitado que el Parlamento dejara de funcionar en el 2023 y probablemente ni siquiera en el 2024.

Satisfaciendo con ello la terca y firme posición de grupos conservadores que dicen creer que lo mejor es conservar el plazo original de 5 años que manda la Constitución de 1993, como periodo de gobierno del Ejecutivo y del Congreso.