— Redacción Diario El Pueblo —

En su último reporte sobre los impactos de la crisis social que vive el país, la agencia calificadora de riesgo Moody’s señaló que los efectos económicos variarán según los sectores y la ubicación geográfica, dado que la zona sur ha sido el epicentro de las protestas.

SEGÚN CALIFICADORA DE RIESGO MOODY’S

La agencia calificadora de riesgo Moody’s proyectó, ayer viernes, un crecimiento económico del 2,3 % en Perú para este año, aunque alertó que «todavía es pronto para determinar el efecto final de las protestas» antigubernamentales que estallaron en diciembre en el país y se cobraron la vida de 70 personas.

«Moody’s Investors Services proyecta a la fecha un crecimiento de 2,3 % para 2023, aunque todavía es pronto para determinar el efecto final de las protestas, en vista que se trata de un evento que sigue en curso. No obstante, enero claramente será negativo de cara al crecimiento del PIB», sostuvo la agencia.

En su último reporte sobre los impactos de la crisis social en Perú, Moody’s señaló que los efectos económicos variarán según los sectores y la ubicación geográfica, dado que la zona sur del país ha sido el epicentro de las protestas y «la que viene exhibiendo una importante desaceleración debido a los bloqueos de carreteras y la destrucción de bienes tanto públicos como privados».

«La recuperación para lo que resta del año, así como la magnitud de dichas protestas en el crecimiento de la economía y sobre ciertos sectores dependerá de la duración de estas, dado que este es un evento que, si bien sigue en curso, ha bajado de intensidad», indicó.

¿CÓMO VA LA REGIÓN?

Añadió que, si bien la expectativa de crecimiento de la economía peruana es menor y «con potencial sesgo a la baja», todavía se mantiene por encima del crecimiento esperado para otros países de la región como Colombia (1,5 %), México (2 %) y Brasil (0,7 %).

Sobre el año anterior, la agencia aseguró que el crecimiento del 2,7 % fue «por debajo de las expectativas», lo que se explica «en parte por la crisis política y social que se atravesó en 2022, aunado a rezagos de la pandemia» de la Covid-19.

Por otro lado, Moody’s, que en enero pasado cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación de riesgo del Gobierno peruano, tanto en moneda local como extranjera a largo plazo, resaltó que el convulso contexto social peruano está «mermando los índices de expectativas empresariales en lo que va del 2023».

Alertó, sin embargo, que un potencial escenario de cambio electoral «podría debilitar aún más las expectativas producto de la incertidumbre que se generaría sobre el futuro de la economía».

Por sectores económicos, señaló que la producción minera, que representa aproximadamente el 10 % del PIB peruano, está siendo afectada por el cierre temporal de la mina de estaño San Rafael, ubicada en la sureña región de Puno, colindante con Bolivia y reducto de las protestas antigubernamentales.

También por la menor producción de cobre de las minas Las Bambas, Antapaccay y Constancia debido a los bloqueos en el denominado Corredor Minero del Sur.

Esto, según detalló, pone en riesgo aproximadamente el 30 % de la producción de cobre del país, mientras que el sector «podría estar dejando de invertir alrededor de 2.000 millones de dólares que se tenían asignados para 2023».