–Redacción Diario El Pueblo —

En una entrevista con el diario El Comercio, el premier señaló que la minería ilegal puede mantener a «pequeños grupos violentistas». En ese sentido, indicó que los militares deben «tomar el control territorial» y proteger «los activos críticos».

PREMIER OTÁROLA ASEGURÓ:

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre la situación actual de las protestas ciudadanas contra el Congreso y el Gobierno que iniciaron el pasado 7 de diciembre.

Al respecto, el premier sostuvo que las protestas se han encajonado «de manera política y mediática» a marchas en la capital como la autodenominada «Toma de Lima» del último 28 de enero.

«Poco a poco, los fuimos encajonando, de manera política y mediática, y esto se demostró claramente el día de la famosa ‘Toma de Lima’. Todo el país vio cuántos eran, quienes eran y cómo actuaban», indicó.

Asimismo, señaló que un proceso «que parecía una violencia de dimensión nacional» terminó reducido a jornadas de protesta en Lima.

«Un proceso que se inició en todo el país, con toma de aeropuertos, el fallecimiento de compatriotas, el destrozo de locales públicos, los saqueos; lo que parecía una violencia de dimensión nacional, poco a poco, se fue encajonando hacia lo que realmente era: terminó en una marcha en Lima, de unas 12 000 personas, un tercio de ellas muy organizadas y violentas, y el país vio en vivo y en directo cómo agredían a la Policía», refirió.

En ese sentido, consideró que el Gobierno ha tomado «decisiones adecuadas» y que las protestas se mantendrán en la dimensión de los últimos días y que luego «bajará».

«Lo que dijo la presidenta es que la situación en Lima estaba bajo control y que nosotros estábamos dirigiendo un operativo de la policía a escala nacional con metas claras y concretas (…) ¿Qué vemos ahora? Vemos una meseta, hemos hecho consultas con los especialistas en el sentido de que esto se va a mantener por algún tiempo y va a bajar», explicó.

Asimismo, el premier mencionó los motivos por los cuáles, a su parecer, la dimensión de las protestas iría a la baja.

«Creo que (…) hubo tres factores: un hartazgo de la población; una reacción de la propia sociedad civil, que vio que el país no podía seguir en esta espiral violentista; y, en tercer lugar, me parece que ha habido problemas entre ellos», subrayó.

SITUACIÓN ESPECIAL EN PUNO

Respecto a la situación en Puno, donde el control del orden interno está a cargo de las FF.AA., Otárola Peñaranda señaló que en dicha región hay una «situación especial» dado que la minería ilegal podía «mantener» a los «pequeños grupos violentistas».

«Allá hay mucha impunidad para la exportación de oro ilegal, una economía parcialmente ilícita que ha aprovechado esta situación para llevar oro ilegal a Bolivia, mucho oro. Mientras estamos conversando hay camionetas con oro que salen de Puno hacia Bolivia (…) Se ha generado un traslado muy poroso de oro y dólares y esa economía es la que puede mantener a estos grupos organizados que, a su vez, pueden mantener a los pequeños grupos violentistas. Pero, la población de Puno, en su gran mayoría, quiere regresar a la tranquilidad», sostuvo.

Ante ello, consideró que los militares debían «tomar el control territorial» y proteger «los activos críticos».

«Debemos tomar el control territorial. Los militares no van a entrar a reprimir, van a entrar a proteger los activos críticos. Ya se ha recuperado el puesto fronterizo; vamos a recuperar rápidamente las comisarías incendiadas», señaló.

Además, el titular de la PCM consideró que lo más lamentable de la situación eran los fallecidos y remarcó que el Ministerio Público ya estaba investigando los hechos.

«Lo más lamentable de todo esto son los fallecidos, eso ha causado mucho dolor y consternación en el interior del Estado. Rápidamente instalamos una comisión que involucró a varias instituciones, y producto de eso se aprobó una ayuda económica para los familiares de las víctimas y se dispuso la atención humanitaria», recalcó.

«Concretamente, respecto a los fallecidos, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, y es lo que corresponde. En todos los gobiernos se producen estas circunstancias que, esperemos, sean entendidas en su real contexto», agregó.

RESPONSABLE ES CASTILLO

Asimismo, el premier consideró que el responsable de toda la situación que se ha vivido en el país desde diciembre del año pasado es el expresidente Pedro Castillo.

«El verdadero responsable de todo eso tiene nombre y apellido, Pedro Castillo, y es, ahora, inquilino en Barbadillo. Todo ha sido priorizado, azuzado y alentado por Castillo», sostuvo.

Respecto a la responsabilidad política que podrían tener los ministros de Estado en las muertes en las protestas, el premier indicó que ellos «están prohibidos de intervenir en los operativos».

«Lo que se dispuso fue el estado de emergencia y, según las normas vigentes y la Constitución, los ministros hacen un control político de los acontecimientos, están prohibidos de intervenir en los operativos. Eso sería usurpación de funciones», indicó.

«Lo que puedo asegurar es que el Gobierno ha dado todas las garantías y facilidades al Ministerio Público para que haga su trabajo y averigüe la verdad», agregó.

Finalmente, el premier descartó nuevamente una eventual renuncia al cargo de la presidenta de la República.

«No vamos a obligar a ningún poder del Estado, somos respetuosos de la Constitución. Allí dice que el Poder Ejecutivo tiene que conducir al país. Lo estamos haciendo, no estamos marchando en piloto automático», señaló.