— Redacción Diario El Pueblo —

Miles de mexicanos protestaron contra una reforma electoral aprobada por el oficialismo en el Congreso, un cambio que según sus detractores va en contra del sistema democrático de cara a las presidenciales de 2024. Andrés Manuel López Obrador minimizó hoy las manifestaciones opositoras.

EN QUÉ CONSISTE EL PLAN B:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la jornada de protestas del domingo de cientos de miles de personas en 100 ciudades contra su reforma electoral, el ‘Plan B’, que causa preocupación internacional por presuntos riesgos a la democracia.

El mandatario indicó que en el Zócalo de Ciudad de México hubo entre 80 000 y 100 000 personas, mientras que las marchas en otras urbes son «todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México», donde él estima que el «bloque conservador» tiene 25 millones de simpatizantes.

“Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse», indicó con ironía el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador desestimó el reclamo de la manifestación, la más numerosa que ha habido contra una de sus iniciativas de Gobierno y que busca revertir la reforma aprobada el miércoles de la semana pasada en el Senado porque afecta al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.

La reforma establece límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

¿QUÉ PLANTEA LA REFORMA?

La reforma legal de López Obrador, conocida como ‘Plan B’ por ocurrir tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, recorta el presupuesto, el personal y las atribuciones del INE, lo que pone en riesgo la autonomía de las elecciones y favorece al partido en el poder, según la oposición y entes internacionales.

El ‘Plan B’ propone compactar áreas del INE, reducir órganos distritales, eliminar la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que los miembros del Gobierno.

También permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

Concretamente, se establece que las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental.

Asimismo, se modifica el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los dichos de los políticos no les afecten en los procesos electorales.

«A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite», se lee en la propuesta aprobada por el Senado.

Sectores de la oposición denuncian que este último punto permitirá a funcionarios de todos los niveles hacer proselitismo durante las campañas electorales con recursos públicos.