Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Castillo
— Redacción Diario El Pueblo —
Este requerimiento corresponde al proceso penal que se le sigue al expresidente Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
TAMBIÉN CONTRA JUAN SILVA Y GEINER ALVARADO
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
El requerimiento del Ministerio Público responde a la investigación que se le sigue al exmandatario Castillo y los exministros Silva y Alvarado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ello, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara las pesquisas en contra de los exfuncionarios.
Cabe recordar que Castillo Terrones se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva impuesto por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión. Mientras tanto, Silva Villegas está en condición de prófugo de la justicia desde el año pasado.
De otro lado, el Poder Judicial desestimó el Hábeas Corpus solicitado por Pedro Castillo para anular su prisión preventiva.
El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima rechazó la solicitud de Hábeas Corpus presentada por la Federación Nacional de Abogados del Perú en favor del expresidente Pedro Castillo y del ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
El fondo detrás de este recurso es que se declare nula la resolución mediante la cual se hizo efectiva la prisión preventiva contra el exmandatario. De haber sido aceptada, tendría que haberse dispuesto su libertad.
Otro de los pedidos era la restitución de su condición de presidente de la República y, además, se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas que se opongan a esta decisión. Ello implicaría la salida del cargo de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte.
