— Redacción Diario El Pueblo —

El congresista y vocero de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Edgar Reymundo, presentó ayer una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que responda ante la representación nacional por las acciones que ha adoptado el Gobierno de Dina Boluarte ante las protestas que surgieron desde el pasado 7 de diciembre.

La moción cuenta con las firmas de sus colegas de bancada Ruth Luque y del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como de otros congresistas del bloque de la izquierda, entre los que figuran Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.

CUESTIONAMIENTO

El pliego interpelatorio, que cuenta con 18 preguntas, precisa que desde el 7 de diciembre del año pasado, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, se han registrado protestas en distintos puntos del país que “han sido reprimidas de manera violenta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

“Interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que concurra al Pleno del Congreso para que responda respecto de las acciones del gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto”, se lee en el documento.

“Hasta la fecha de la presentación de la presente moción han fallecido por acción directa de los agentes del orden 48 peruanos y peruanas; y centenas de compatriotas han resultado con lesiones a su integridad física; decenas de ellos, de gravedad”, agrega.

La moción también establece que Alberto Otárola, en su condición como jefe del Gabinete Ministerial, ha realizado afirmaciones públicas que buscan “estigmatizar a la población movilizada y justificar la criminal represión militar y policial”.

Así, los congresistas de izquierda mencionaron que las organizaciones nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado su preocupación por la escalada de violencia durante las movilizaciones.