Estado de derecho, economía de mercado, pobreza e inequidad
Por: César Peñaranda – El Montonero

A raíz de los últimos acontecimientos han recrudecido las falacias, contradicciones e inconsistencias de aquellos que obviamente no aceptan los dos sistemas fundamentales de la Constitución peruana de 1993; pero también de aquellos que dicen estar de acuerdo, aunque en sus expresiones y acciones demuestran lo contrario. Me refiero a la democracia y a la economía de mercado como sistema político y económico, respectivamente. Ambos sistemas mencionados tienen como una de sus instituciones básicas al imperio de la ley, el estado de derecho; sin su pleno respeto se tornan frágiles y no pueden consolidarse.

Pues bien, no obstante que las abundantes evidencias e indicios señalaban claramente que el expresidente Castillo estaba inmerso en las causales de vacancia que establece la Carta Magna, para hacerla efectiva se requería cumplir con tener no menos de 87 congresistas a favor, algo que –como sabemos– no se consiguió y, por ende, como corresponde no se podía vacarlo. Empero, al realizar Castillo un golpe fallido, no un intento de golpe como algunos lo califican, el Congreso procedió a vacarlo con amplia mayoría y el Poder Judicial y la Fiscalía disponer su detención y apertura de proceso por rebelión, al que se ha sumado además otro por cargos de tipo penal. En este contexto y como señala la Constitución le corresponde ser reemplazado por el primer vicepresidente durante el periodo que resta para cumplir su mandato; es decir, hasta julio del 2026. Esto es así al margen de que nos guste o no el nuevo presidente, en este caso –por primera vez en la historia de la República– una mujer.

Sin embargo, al producirse violentas manifestaciones en contra de la sucesión constitucional antes indicada, demandando la renuncia de la presidente, el cierre del Congreso, la excarcelación del expresidente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, todos requerimientos inconstitucionales, los abiertamente enemigos de la Constitución del 93 y los que dicen respaldarla, pero que es evidente no lo hacen arguyen que por expresa demanda de la “calle” es necesario adelantar elecciones generales, para lo cual hacen una lectura propia precisando que los reclamos expresan sus precarias situaciones económicas, no disponibilidad de bienes públicos, abandono generalizado, entre otras, indicando por tanto que el actual gobierno no tiene legitimidad. Saben que para realizar ese acto electoral se requiere hacer una reforma específica a la Constitución, para lo cual será necesario tener mayoría calificada en el Congreso, que tampoco se ha podido lograr; ello al margen del pésimo precedente que se genera, pues cada vez que salga la “calle” a pedir cosas similares o se califique que el gobierno de turno es ilegítimo se puede ya no pedir sino exigir elecciones adelantadas. Es decir, el imperio de la ley o el estado de derecho será letra muerta, por ende la inestabilidad jurídica se torna permanente dado que si se puede lo más, como sacar un presidente y a los congresistas cuando convenga, con mayor razón lo menos, anular o modificar normas de menor jerarquía.

Es claro que en un país donde no se respeta lo que establece la Carta Magna, la ley de leyes, se genera una enorme inseguridad jurídica para los agentes económicos al ponerse en riesgo de alteración y desconocimiento parcial o total las reglas del juego imperantes, entre ellas los contratos de negocios de toda índole. Se violenta una institución fundamental para que opere y se consolide una economía de mercado, en especial se gatilla contra la inversión privada nacional y extranjera. Esto, además de otras acciones directas contra la empresa e inversión privada, es lo que explica el crecimiento a ritmo decreciente de la inversión y caer luego en decrecimiento, con las consecuencias negativas en términos de oportunidades de empleo, mayor informalidad y pobreza.

En este contexto es clamorosa la falacia de los mismos grupos en mención, a pesar de los indicadores y cifras disponibles, al afirmar que el modelo económico de economía social de mercado aplicado progresivamente desde la década de los noventa no supo o no quiso atender la situación de pobreza e inequidad de la sociedad peruana. Qué lamentable leer o escuchar esto cuando está probado que el porcentaje de la población en situación de pobreza alcanzaba al 55.6% el año 2005, mientras el 2019 fue de 20%, es decir 35.6 puntos porcentuales (pp.) menos en 14 años. Luego, por la pandemia y su pésimo manejo sanitario y económico y el anémico crecimiento económico de los últimos años ella está actualmente en alrededor del 30%, similar a la registrada el 2010, un lamentable retroceso. Es importante destacar que fue el alto ritmo de crecimiento económico logrado en la década del 2000 hasta el año 2013, en que el nivel de pobreza fue de 23.9%, el que permitió este significativo resultado de impacto social en el periodo 2000-2019, pues a partir del 2014 la economía crece a tasas sustancialmente menores, en el entorno del 2% en promedio, razón por la cual la disminución anual de la pobreza fue significativamente menor, bajando apenas 3.9 pp. en 6 años; si se hubiese mantenido la dinámica de crecimiento la pobreza al 2019 se habría ubicado alrededor del 10%.

Cabe destacar que según el Banco Mundial alrededor del 80% de la caída de la pobreza en el periodo 2000-2019 era explicado por el crecimiento económico, mientras el 20% restante se debía a los programas sociales. En mi opinión todo es resultado del alto y sostenido crecimiento económico en razón que gracias a él se pudo allegar significativos ingresos fiscales que permitieron financiar los distintos programas sociales. Es más, también hubo fondos fiscales para realizar inversión pública en infraestructura que, no obstante las deficiencias y demoras en su ejecución, permitió ir atenuando las brechas existentes y como tal mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual además del ingreso monetario de las familias considera la salud y educación. Cabe destacar que paralelamente a la disminución de la pobreza aumentaba de manera significativa la clase media, que de alcanzar apenas al 17% de la población al inicio del siglo 21 llegó a alrededor del 45% al 2019, tornando al consumo privado en un potente propulsor del crecimiento económico.

Precisamente respecto de los ingresos monetarios, la falacia de los mismos grupos señalados anteriormente aduciendo que el sistema de economía social de mercado no atendió la inequidad existente en la sociedad peruana desconoce también la evolución del Coeficiente Gini, que mide precisamente cuán inequitativo es el país en términos de distribución de ingresos, tomando valores que van de cero a cien para menor o mayor desigualdad, respectivamente. En el Perú este indicador alcanzó los 55 el año 1998 y se redujo a 41 el 2019, igual al registrado por EE.UU. y mejor que el correspondiente a sus socios de la Alianza del Pacífico, Colombia (54) y Chile y México con 45. Por su parte Bolivia, utilizado por los grupos críticos como ejemplo del país a emular, registraba al 2019 un Gini de 43 y un nivel de pobreza de 37%.

Como dije al inicio es sorprendente, por decir lo menos, constatar que más que los antisistema, que abiertamente están contra la Constitución de 1993 sean los que falsamente dicen estar de acuerdo con la economía social de mercado los más agresivos criticando el sistema por un supuesto fracaso en bajar pobreza e inequidad. Como alguien diría, mejor ser transparente y manifestar su rechazo al mismo, pero dando otros argumentos pues los que utilizan son falaces.

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