Inacción de las autoridades frente a los desastres
Por: Carlos Meneses

Las autoridades tienen la responsabilidad de emprender acciones de respuesta ante una emergencia o desastres, procurar una óptima respuesta, garantizando una adecuada y oportuna atención a las personas afectadas.

Perú figura entre los países con mayores riesgos ambientales en el mundo, por efectos del calentamiento global, el estrés hídrico, la deforestación, la contaminación del aire, del agua y del suelo. Otro factor que influye es su ubicación en el Cinturón de Fuego, sus condiciones geográficas, y climáticas; por lo que afronta altos niveles de exposición a sismos, inundaciones, fenómeno de El Niño, sequías, heladas y otros. Una muestra es que el país en los últimos meses sufrió las consecuencias de intensas lluvias, inundaciones y huaicos que dejaron miles de damnificados y cuantiosas pérdidas económicas.

El gobierno nacional, regional y local tuvieron una respuesta atemporal frente a las situaciones de emergencias y no adoptaron de manera urgente las acciones y medidas de prevención necesarias. Incluso en algunos casos reportaron un deficiente uso de los recursos públicos disponibles y, afrontar las situaciones de vulnerabilidad que recientemente afectaron a miles de peruanos.

La Contraloría General de la República señaló que la inacción y falta de respuesta de las autoridades frente a los desastres naturales son pasibles de sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado e incurrir en responsabilidad penal. Además presentarán al Congreso una iniciativa que establece que las autoridades públicas dispongan como mínimo del 1% de su presupuesto para el financiamiento en prevención de desastres.

Por ello diversas entidades y la misma población, exhortaron a las autoridades nacionales, regionales y locales adoptar de manera urgente las acciones y medidas de prevención necesarias y atender las necesidades de la ciudadanía.

Es decir, están en la obligación impostergable de planificar y realizar acciones para evitar y prevenir la confrontación de desastres futuros que pongan en riesgo la vida de los peruanos y afecten el desarrollo del país.

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