Por: Dany La Torre

El Ministerio Público junto a la Contraloría y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de Arequipa (DIRCOCOR) intervinieron ayer las oficinas de Logística y Administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para recoger información sobre presuntos actos irregulares.

POR PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Manuel Aquino Flores del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. La intervención se realizó porque la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia sobre un presunto direccionamiento en la contratación de servicios llevado a cabo por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa (ARMA).

Fuentes de la DIRCOCOR, señalan que, en estos procesos de contratación, hubo presuntos malos manejos por parte de funcionarios y servidores públicos. Estos tenían la función de contratar servicios de reparación, mantenimiento y compra de autopartes y repuestos para vehículos asignados a la ARMA.

No obstante, se presume que se habría beneficiado a un determinado postor que tendría vínculos con altos funcionarios del GRA. Estas acusaciones llegaron a manos de la Fiscalía en Arequipa, lográndose intervenir las oficinas de Logística y Administración para la incautación de los documentos requeridos.

La intervención inició al promediar las 9:15 horas y se extendió hasta las 13:30 horas del miércoles 5 de abril. En un primer momento, el personal de la DIRCOCOR fue recibido por la jefa de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Valeria Fany Chipana Quispe de Otazú y los funcionarios encargados de las oficinas comprometidas en estos presuntos hechos irregulares.

Aunque la información de las diligencias es reservada, el Ministerio Público adelantó que se logró recabar lo requerido por el Despacho Fiscal. La documentación será revisada y valorada a fin de poder determinar si existe la comisión de algún delito.

Cabe señalar que, algunas horas después de culminada la intervención, el GRA emitió un comunicado público, indicando que existe la disposición de dar todas las facilidades para que los operadores de justicia realicen su trabajo. Además, se pide determinar las responsabilidades del caso en los funcionarios que pudieran resultar comprometidos.

“El Gobierno Regional de Arequipa no se someterá a presiones de ningún tipo para direccionar procesos, por ello el personal está autorizado para denunciar los actos reñidos contra la ley y evitar perjuicios a la población (…) Además, se está implementando el sistema de integridad para prevenir actos de inconducta funcional y corrupción”, se lee en el documento.