Betssy Chávez es acusada por supuestamente favorecer a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado cuando fue ministra de Trabajo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó ayer martes el informe de calificación de la denuncia presentada contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Esto debido a los supuestos favorecimientos que hizo a los familiares de su pareja Abel Sotelo para que sean contratados en el Estado.

El informe fue aprobado con 18 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones. El único que se mostró en contra de la medida fue Hamlet Echevarría Rodríguez (Perú Democrático).

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue quien presentó la denuncia constitucional contra Betssy Chávez. Además, la exjefa del Gabinete ya tiene investigación abierta por este caso, revelado por el dominical Cuarto Poder. 

Chávez Chino se encuentra suspendida de sus funciones parlamentarias desde marzo pasado, mientras duren las investigaciones en su contra en la Fiscalía. Su lugar es ocupado ahora por su accesitario, el abogado Isaac Mita, quien integra la bancada de Perú Libre.

LA DENUNCIA

En noviembre pasado, un reportaje periodístico de Cuarto Poder reveló que la exministra habría beneficiado a dos familiares de Abel Sotelo, un empresario vinculado a la también parlamentaria, con cargos en el Estado.

Uno de los beneficiados fue Antonio Sotelo Calderón, denunciado por presunto maltrato psicológico, quien fue nombrado el 12 de enero del año pasado como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati).

Posteriormente, Sotelo Calderón, quien conoció a la exministra durante la última campaña presidencial, pasó a Cofopri Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

«Para su contratación hubo una presión fuerte de parte del jefe de gabinete de aquel entonces, Salatiel Marrufo», dijo Jorge Quevedo, exdirector nacional de Cofopri.

De otro lado, el hermano de Abel Sotelo, Marco Antonio Sotelo Villa, había sido contratado en octubre de 2021 como asistente del despacho parlamentario de Betssy Chávez con un sueldo de 2 500 soles.

El juez Juan Carlos Checkley rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva de la Fiscalía de la Nación e impone comparecencia con restricciones para la exjefa del Gabinete Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior), a quienes se les acusa del presunto delito de rebelión y conspiración. Es decir, seguirán siendo investigados en libertad.

Asimismo, se impuso a los tres procesados el pago de una caución económica de S/ 100 000 a Betssy Chávez, S/ 80 000 a Willy Huerta y S/ 50 000 a Roberto Sánchez. En respuesta a la decisión judicial, la Fiscalía insistirá con su pedido ante la Corte Suprema.