Por Carlos Meneses

Fiscalizar y mejorar el uso de estos dineros  transferidos impulsarán la economía peruana y el desarrollo sostenible de las zonas donde se explota el recurso natural.

 La Contraloría General de la República tiene como función supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.

Por lo tanto, el Congreso ha solicitado al contralor Nelson Shack, que realice el respectivo control a los gobiernos locales, regionales y universidades públicas  que recibieron en total  S/ 3,057 millones, de parte del Poder Ejecutivo, por concepto de canon minero, regalías mineras y por derecho de vigencia y penalidad en el presente año.

Entonces el órgano contralor debe realizar un trabajo constante y simultáneo de seguimiento de estos recursos, porque desde años anteriores ha quedado evidenciado que tanto gobiernos regionales como municipales y universidades del estado evidencian serias deficiencias en la inversión de estos fondos; pese a que están obligados a invertir en infraestructura, pero las autoridades no cumplen con el objetivo, en un país donde casi un tercio de la población vive en pobreza.

En el 2022, la cifra por canon y regalías mineras alcanzó una suma récord que superó los 10 mil millones de soles, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

El país tiene 16 regiones mineras en Perú y las que más recursos recibieron fueron Áncash con S/ 2.651 millones  con una participación de 26.0% del total transferido. En el segundo lugar se ubica Arequipa con S/ 1385 millones ( 13.6 %) y tercera está Ica con S/ 1189 millones (11.7%).

Estas transferencias tienen el propósito de financiar proyectos de inversión pública para mejorar la calidad de vida de los peruanos, especialmente de aquellos que viven en lugares aledaños a los proyectos mineros. Sin embargo, ocurre lo contrario, se observa muchas regiones o zonas mineras cuyos habitantes afrontan pobreza extrema y viven sin tener acceso a los servicios básicos como salud, educación, saneamiento y otros.

Año a año, la inversión promedio en infraestructura sólo es del 45 por ciento del total de fondos del canon y regalías mineras que reciben alcaldes y gobernadores regionales; pero la ley no plantea sanciones para las autoridades que incumplen con los parámetros de inversión.

Es decir, una fiscalización oportuna de estos ingresos permitirá evitar el mal uso de los mismos y también que sean invertidos para el propósito para el cual son entregados a las autoridades: el bienestar de la población y el desarrollo del país.