Por Germán Yuca Ch.

La minería informal está presente en al menos cuatro sectores de la provincia Castilla y provoca grandes perjuicios para la región.

La minería informal y artesanal continúa siendo una preocupación en la región. Más aun ante la reciente reactivación de nuevas áreas de explotación en Choco y Chachas; según alertó el alcalde de Castilla, Renzo Pastor Alatrista. Razón por la que es urgente conocer la cantidad de concesiones mineras radicadas en la jurisdicción.

En estas zonas de minería artesanal existe un alto riesgo de contaminación ambiental, no solo en la provincia y, en especial, en la parte baja del valle de Majes y en la parte alta de Caylloma, lugares que padecen la contaminación de las aguas del río Majes.

El alcalde de Castilla pidió a la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) intervenir ante el crecimiento de la minería informal en su jurisdicción. Debido a que esta actividad perjudica gravemente a la población de la provincia, misma que subsiste primordialmente de actividades como la agricultura y la ganadería. Además de representar un riesgo latente debido a los enfrentamientos entre dueños de yacimientos mineros.

“Hemos enviado tres cartas al gerente de Energía y Minas (Yakir Rozas) pidiéndole una mesa de trabajo para evaluar la situación de la minería informal. Queremos que se normalice y que no se complique como pasó en Caravelí o Chala. Debe haber participación activa de las autoridades”, aseguró Pastor Alatrista.

Según la autoridad, un total de 20 mil pobladores que habitan en la zona baja de Castilla son perjudicados como consecuencia de la minería. Esta actividad extractiva obtiene recursos naturales del suelo y subsuelo, además de contaminar el agua de la zona. Acción que perjudica a un 80% de la población local.

Actualmente existe presencia minera en las regiones Choco, Chachas, Unión y Orcopampa; por lo que existe un riesgo latente en diversos lugares de la región. Ante ello, el alcalde afirmó que necesitan conocer la cantidad de concesiones mineras radicadas en la zona. “Necesitamos saber cuántas concesiones mineras hay en la zona para así actuar activamente en la zona”, declaró la autoridad.

Ante esta situación de crisis se suma que los municipios de Caylloma no cuentan con presupuesto suficiente para tomar acciones directas contra esta actividad. Fenómeno similar ocurre en la Gerencia de Energía y Minas de Arequipa. Pues previamente el gerente Yakir Rozas declaró que el presupuesto designado por el gobierno central es insuficiente para costear los gastos operativos de supervisión. Razón por la que la autoridad de Castilla instó a las autoridades a “dar una mirada sobre la gravedad de la situación”.

Cualquier actividad minera ocurrida en la zona, de pequeña o mediana escala, afecta a los recursos naturales (como el agua y tierra) y daña los principales medios de subsistencia en la región.

Las actividades mineras no reguladas causan, muchas veces,  lesiones y traumas por causa de eventos como explosiones, derrumbes, atrapamientos, como los ocurridos en la Minera Yanaquihua SAC. Donde 27 obreros perdieron la vida tras un incendio de gran magnitud. Hecho por el que el área de Fiscalización Minera de la Gerencia Regional de Energía y Minas, determinó el cierre definitivo y total de Esperanza 1.