Según El Comercio, cuando Alfonso Adrianzén era ministro de Trabajo solicitó personalmente a Aurelio Orellana, presidente de EsSalud, que pague más de S/ 41 millones a empresa que habría incumplido contrato de pruebas de COVID-19.

DE MÁS DE S/ 40 MILLONES POR PRUEBAS COVID

Nuevas luces parecen dilucidar la investigación fiscal en curso contra el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo para, presuntamente, favorecer a la empresa Aiona Technology Corporation SAC.

Según una investigación del diario El Comercio, en febrero de este año, el entonces titular de Trabajo habría insistido constantemente a Orellana Vicuña para que el Seguro de Salud desembolsara más de S/ 41 millones a dicha empresa, pese a que la Controlaría determinó irregularidades cometidas por dicha compañía.

ANTECEDENTES

Para comprender este caso, es necesario remontarnos a enero del 2021 cuando, según un informe de la Contraloría, altos funcionarios de EsSalud, durante la gestión de Fiorella Molinelli, dirigieron la adquisición de pruebas rápidas de detección de COVID-19 a favor de Aiona, cuyo gerente general es Carlos Valdivia Montoya, expostulante a la alcaldía de Bellavista.

Además, la empresa habría incumplido con el cronograma de entrega de los dispositivos y, cuando lo hizo, estos no habrían cumplido con los parámetros médicos establecidos por EsSalud.

Debido a este informe de control, el pago de S/ 41 millones a favor de la empresa quedó suspendido. No obstante, todo cambió después de que Alfonso Adrianzén asumió el Ministerio de Trabajo (MTPE), el pasado 13 de enero.

Siete días después de la juramentación, el 20 de enero, Aiona presentó un documento ante el MTPE solicitando el pago del referido monto en virtud del fallo de un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que ordenaba que EsSalud cancelara la deuda.

Este tema mereció la atención personal del entonces flamante ministro Adrianzén, según unos chats revelados por El Comercio.

INSISTENCIAS

Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de EsSalud, testificó ante la Fiscalía que el titular de su entidad, Aurelio Orellana, le consultó sobre la fecha en la que se realizaría el pago a Aiona, a pedido de Adrianzén.

«¿Cuándo se va a pagar el tema del laudo arbitral a Aiona?», habría preguntado Orellana, el 8 de febrero de este año. «Ese pago está programado para el viernes (10 de febrero). Estoy dentro del plazo», habría respondido Román.

Ante ello, el titular de EsSalud le habría pedido a Román que le envíe esa respuesta por WhatsApp para «reenviarlo al ministro que me está pidiendo la información». «Cuando realices el pago, me avisas», le indicó Orellana.

Solo unos minutos después, Román respondió: «Presidente, le informo que para este viernes se ha programado el pago del laudo arbitral a favor de la empresa Aiona. Saludos».

Efectivamente, el 10 de febrero, EsSalud desembolsó la millonaria suma al representante legal de la empresa, Carlos Valdivia, sin que se reste la penalidad por el incumplimiento de contrato señalado por la Contraloría.

Previamente, siempre según El Comercio, hubo otras conversaciones sobre este tema entre Adrianzén y Orellana.

El 8 de febrero, el ministro le escribió a Orellana haciéndole llegar su preocupación porque «Finanzas les ha parado el trámite pidiendo informes a Gerencia Central de Asesoría Jurídica y Gerencia Central de Operaciones».

«Todo ello innecesario porque lo consultado consta ya con informes, pero como no se ‘ha coordinado con él’ viene paralizando la acción (…) Por favor, indaga y salgamos de esta incomodidad», le habría escrito el ministro al presidente de EsSalud. 

No obstante, dos días después, Publio Román le envió a Orellana las capturas que evidenciaban que el presidente de Aionia «recogió los cheques por el cumplimiento del laudo arbitral». 

REUNIONES

El pasado 1 de marzo, la Fiscalía inició investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido al pago a favor de Aiona.

Además, se dispuso investigar a Grika Asayag O’Besso, entonces funcionaria del despacho de Dina Boluarte, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, también vinculado al caso.