La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que permite al Congreso y al Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos.

El Congreso de la República y el Poder Judicial ahora tienen la capacidad de designar a sus propios procuradores públicos sin la intervención de la Procuraduría General del Estado. Esta facultad fue otorgada mediante la promulgación de la Ley 31778, realizada por la presidenta Dina Boluarte el miércoles 7 de junio. Dicha norma modifica el Decreto Legislativo 1326, que originalmente estableció la creación de la Procuraduría General del Estado.

Con este cambio, la Procuraduría ya no tendrá la responsabilidad de dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. En su lugar, los titulares de dichas entidades serán los encargados de elegir a los procuradores, quienes desempeñarán sus funciones durante un período de 5 años.

El objetivo de esta modificación, de acuerdo con la norma, es restablecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo y el Poder Judicial en la designación de sus propios procuradores.

El procurador General de Estado, Daniel Soria, hizo hincapié en que esta modificación constituye un quiebre en el sistema jurídico de la defensa del Estado.

«No van a poder ser sometidos a un sistema disciplinario que tenemos nosotros, no van a poder ser objeto de supervisión que hacemos nosotros y tampoco podrán beneficiarse de las capacitaciones que hacemos a los procuradores y de los apoyos técnicos en peritajes, en valorización de obras, etcétera por el hecho que estén excluidos, la idea de un sistema administrativo es que los recursos del Estado sean más eficientes y el sistema administrativo tiene ese propósito pero este sistema se ha quebrado con esta ley aprobada por el Congreso», dijo Daniel Soria.

La función principal de la Procuraduría General del Estado es fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado, a través de una gestión especializada, honrada y eficaz que salvaguarde los intereses del país tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Antes de la modificación de la ley, todos los procuradores eran designados por la Procuraduría General del Estado, que se encontraba bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.